CON EL AGUA AL CUELLO

La imagen que, alguno de los principales diarios del país publicaron ayer con el comisiario Junker asido del cuello de De Guindos y su posterior abrazo reflejan, en gran medida, la imposición que la Comisión Europea ha hecho al Gobierno español para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria en el año 2012.

Acostumbrados a las bravatas de la derecha política y medíatica durante la anterior legislatura, en la que acusaban a Zapatero de estar vendido a los intereses de Bruselas, que España estaba secuestrada por los burócratas de la Unión Europea o que España había perdido credibilidad en Europa, asistimos hoy a la cruda realidad de un Gobierno en el que, peligrosamente, se contradicen los Ministros de Hacienda y Economía, o un Gobierno cuyo Presidente vende la imagen de defensa de los intereses patrios un día, para la semana siguiente bajarse los pantalones ante la imposición de reducir el déficit un 0,5% más. Nada menos que cinco mil millones, que unidos a los 30.000 millones de euros previstos inicialmente de reducción del déficit suponen una cantidad abrumadora para un país que necesita  incentivos económicos, creación de empleo servicios públicos de calidad, en momentos de gran dureza económica y de incertidumbre social.

Cinco mil millones de razones para decirle al Gobierno que su inflamación de pecho en defensa de la madre patria ha quedado pinchada por la aguja de Junker, y que, además, su imagen de confianza se ha trocado por la chapuza inigualable. El viernes, el Consejo de Ministros aprobó un techo de gasto que se ha visto superado por los acontecimientos y ayer, sin un sólo signo de rubor, trae al Parlamento aquél techo de gasto que se ha convertido, tras la cogida del cuello de Junker, en una entelequia. Europa aprieta, pero no ahoga  o sí.

Aprobó así el Congreso un techo irreal, insoportable para los ciudadanos e insensato, porque con él no podrá el Gobierno mantener los servicios públicos básicos. Así que nos esperan tiempos con más paro, menos percepciones por desempleo, peor sanidad, peor educación y menos servicios sociales, es decir, sacrificios muy duros para los ciudadanos, algunos de los cuales, muestran ya signos de indigencia.

¡ Montoro dimisión ! gritaba la anterior legislatura un diputado al entonces Portavoz de Economía de la oposición y, hoy podíamos gritar lo mismo. El grado de prepotencia y de arrogancia, unido a la indisimulable tomadura de pelo con la que nos obsequió Montoro para defender el techo de gasto para 2012 es inigualable. ¿Cómo puede Montoro pedirnos que votemos un techo de gasto corregido por la Unión Europea, en la noche del día 12 y que lo hagamos sólo por patriotismo?. ¿De qué patriotismo nos habla, de aquel que hizo gala el Partido Popular en mayo de 2010 cuyo voto en contra de las medidas que tomó el Gobierno del PSOE estuvo a punto de provocar la intervención de nuestro país ?. Irresponsable en la oposición e impresentable en el Gobierno, así se mostró ayer Montoro.

Cinco mil millones de recortes es, para que se hagan una idea, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con ellos se hicieron más escuelas, más Centros de Salud, más Centros de Día, se pagaba la Dependencia y teníamos una Sanidad de calidad. Treinta mil millones menos es no sólo un recorte  brutal , que va a suponer un ataque  sin precedentes al Estado de Bienestar sino  que se convierte en un  elemento de inestabilidad social y en un estado de decadencia moral de nuestra sociedad. Malos tiempos y peor Gobierno.

REFORMA LABORAL Y PACTOS

Hace muy pocos días los empresarios y los sindicatos de ámbito nacional firmaban un Pacto de salarios mediante el cual los trabajadores sujetos a Convenio verían incrementados sus emolumentos un 0,5% en 2012 y un 0,6% en 2013, un acuerdo de adaptación salarial a la difícil situación por la que atraviesan muchas empresas y un acuerdo que se aleja, sin duda, de los esquemas de negociación salarial que tenían como referencia el IPC. Pero este acuerdo no se quedaba ahí porque posibilitaba un sistema de flexibilidad pactada en cuanto a horarios, movilidad, es decir funcionamiento de la empresa y ,sobre todo, unía los salarios a la productividad en una parte variable.

Ahí es nada, se cambiaba un esquema de funcionamiento en las relaciones empresa/trabajadores histórico en el que para aumentar la competitividad de las empresas, los trabajadores renunciaban a ligar los salarios a los precios y accedían a ligarlos a la productividad y a los resultados de la empresa. Un paso de transcendencia histórica en materia de acuerdos laborales compensado por la prevalencia de los Convenios Colectivos provinciales que se situaban como marco de referencia si fallaba la negociación entre la empresa y los trabajadores. En definitiva no se modificaba el marco de relaciones laborales en las que la negociación colectiva actúa como elemento de seguridad para los trabajadores, parte más débil de la relación laboral.

En Aragón, empresarios y sindicatos han logrado un Acuerdo Social por la Competitividad y el Empleo 2012-2015 bajo la atenta mirada del Consejero de Economía en lo que es un ejemplo de consenso, de lealtad mútua y de prevalencia del interés general. Un acuerdo que busca aumentar la competitividad de nuestras empresas, de mejorar la productividad de los trabajadores y de preservar un marco de política social en la Comunidad Autónoma. Un éxito de Lóriz, Buey, Morte y López de Hita, y también de Bono, por qué no decirlo, cuyos resultados están por ver pero que marca una línea de trabajo muy recomendable y que continúa con los acuerdos logrados en anteriores gobiernos.

Dicho esto, la pregunta que podemos hacernos es por qué el Gobierno de Rajoy ha dinamitado el Acuerdo sobre salarios con una Reforma Laboral injusta, ineficaz e innecesaria. Una reforma laboral que abarata el despido, que deja la negociación colectiva en papel mojado, que debilita la relación empresario/trabajador a favor de los primeros y que, como ha reconocido el Presidente del Gobierno no sólo no va a crear empleo, en el corto espacio de tiempo, sino que va a destruir más de 600.000 empleos. ¿Cuál es la necesidad imperiosa que tiene el Gobierno para que, logrado un siempre difícil acuerdo entre empresarios y sindicatos, lo borre de un plumazo?.  ¿Tal vez sea un guiño a los mercados siempre insaciables que reclaman medidas de dureza máxima a los pigs europeos, y en especial a España o sea, quizás, un quedar bien con el espiritu luterano de la Merkel que castiga a los vagos sureños y quiere imponer la moral prusiana?, o ¿es tal vez un puñetazo en la mesa de un Presidente que necesita ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles?

El Partido Popular goza de una amplia mayoría parlamentaria que le legitima para tomar el camino de la contrareforma o para transitar por la senda del acuerdo. Por lo visto está más cómodo en la imposición en materia laboral y en las medidas contrareformistas en materia de derechos civiles. Ahí está la intención de Gallardón con la ley del aborto y su impúdica justificación sobre la presión estructural a las mujeres embarazadas para que aborten, ¡y éste era el liberal del Gobierno…¡, o la supresión fulminante de la Oficina para la búsqueda de los restos de desaparecidos del franquismo o la justificación para suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía por suponer un adoctrinamiento ideológico, como si se tratara de imponer a los alumnos el nacionalcatolicismo, por poner sólo unos pocos ejemplos.

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Es una opción, es su opción , pero como siempre la ciudadanía a cada acción contesta con una reacción y no pueden extrañarse ni llevarse las manos a la cabeza si esa reacción está en la calle. Ellos lo han buscado porque no sólo no buscan el acuerdo sino que dinamitan aquellos a los que otros llegan. Por eso estoy más con los que aceptan el acuerdo en Aragón que con los que lo dinamitan en Madrid, aunque, en el fondo, los que imponen una reforma laboral en Madrid también pueden contribuir a dejar en papel mojado los acuerdos de Aragón.

FLEXIINSEGURIDAD

Hay un punto de común acuerdo en la sociedad española respecto a la rigidez de nuestro sistema laboral, que no es obstáculo en los momentos de crecimiento , para generar empleos a raudales, pero que tampoco es el cortafuegos que, en momentos de recesión, impida que nuestro país sea el que más empleos pierde. De este aserto se deriva una conclusión simple pero no siempre comprendida y es que el sistema de relaciones laborales ni crea ni destruye empleos. Una conclusión que contradice la esencia de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular: "esta es una reforma que servirá para crear empleo", contradicción que tiene su contrafactum en las declaraciones del propio Rajoy cuando dice que este año se destruirán en España más de 600.000 nuevos empleos.

Lo cierto es que la rigidez de nuestras relaciones laborales hace que, en momentos de crisis, las empresas, para ajustar sus plantillas, opten por el despido en vez de optar por otros instrumentos como la reducción de jornada y, en proporción de salarios, por ERES negociados entre empresa y sindicatos, o por otras fórmulas más flexibles que adecúen la estructura empresarial al ciclo económico. A estos modelos se les llamó modelos flexibles, que cuando iban acompañados de otras medidas de seguridad para los trabajadores completaron una palabra en la que mucho tuvieron que ver los sindicalistas nórdicos llamada "flexiseguridad".

A esta palabra se agarra Rajoy para adjetivar la esencia de su reforma laboral que tiene mucho de flexible para las empresas y poco de segura para los derechos de los trabajadores. Trabajadores que contemplan estupefactos cómo su seguridad en el trabajo, en la empresa se convierte en incertidumbre cuando no en una auténtica inseguridad personal que, de inmediato, se convierte en colectiva teniendo en cuenta las cifras de parados que pronostica el Gobierno.

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Por tanto, la flexiinseguridad es la seña de identidad de una reforma que recorta salarios, que mengua derechos a los trabajadores y que abarata el despido. De una reforma que acota los despidos procedentes por causas objetivas a la pérdida de beneficios durante tres trimestres consecutivos o, en el caso de las Administraciones Públicas a la mengua de los ingresos presupuestarios en tres trimestres consecutivos, de una reforma en la que el empresario, unilateralmente , puede hacer uso del despido sin indemnización como pasa en los  nuevos contratos para emprendedores, de una reforma que pone más difícil la conciliación de la vida laboral y familiar y que, por tanto, perjudica a las mujeres, siempre vulnerables en épocas de crisis, de una reforma, en definitiva que precariza el empleo para los jóvenes y que prepara al mercado laboral para el día en que la reactivación económica empiece a generar empleos. Ese día, que llegará, los trabajos serán más precarios y de menos calidad. Esta reforma será la responsable de los minijobs españoles, en el fondo lo que la patronal y el gobierno conservador español están deseando. Que Dios nos pille confesados o como diría un agnóstico ¡nos han jodido!.