El PSOE combatirá la "Ley Mordaza" en todos los frentes.

“El PSOE combatirá la Ley Mordaza en todos los frentes, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”. Así lo he expresado como Diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, respaldando de esta manera las recientes declaraciones del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo demuestra que el Gobierno tiene miedo de los ciudadanos, es la única razón que ampara esta Ley, porque la Policía sólo actuó en menos del 1 por mil en manifestaciones en 2013, sólo el 0,2% de los ciudadanos cree que la inseguridad ciudadana es un problema importante para España según el CIS, y el 67% afirma que esta nueva Ley limita el derecho de manifestación y reunión, según datos aportados por Metroscopia.

El propio Ministro del Interior reconoce que España es el séptimo país más seguro, y el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, que en la provincia de Teruel, entre los años 2009 a 2013, tan sólo ha habido una multa por manifestación, que concretamente se produjo en el año 2012.

Las únicas razones del Gobierno de Rajoy para esta Ley de Seguridad Ciudadana son políticas e ideológicas, como servir de coartada para frenar el malestar social por sus brutales recortes, o cambiar el modelo, estableciendo un régimen sancionador no controlado por jueces.

El Partido Popular, con la excusa de la crisis, recortó derechos y ahora con la excusa de la seguridad, va a recortar libertades políticas y civiles, siguiendo el sueño ideológico de la derecha de multas desorbitadas a imagen de Leyes que nos retrotraen a tiempos pasados, nada democráticos, y con poder para los delegados del Gobierno como el de los gobernadores civiles de aquel entonces.

Por eso, la hemos calificado de “intentona antidemocrática, que responde al miedo del Gobierno del PP a la libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación y de información”.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana se convierte en una “ley mordaza” y de represión ciudadana, porque impide que los ciudadanos protesten y que ejerzan sus derechos constitucionales. A todo ello se suma el hecho de que recurrir la multa supondrá el pago de tasas judiciales, llegando hasta 2.000 euros, y que las multas se podrán cobrar por embargo de cuenta.

Entre los efectos de la nueva Ley, hemos indicado que “la Ley mordaza permitirá controles de identidad arbitrarios y redadas preventivas, y limitará el derecho de huelga. Sin duda, podemos afirmar que la desproporción es la principal característica que da cuerpo a esta Ley”.

También hemos explicado las multas que contempla la nueva Ley. Así, las muy graves, irán de entre 30.000 a 600.000 euros, por manifestarse en las inmediaciones de una central nuclear sin comunicarlo o en un aeropuerto, o frente a una instalación de Radio Televisión Española.

Y las graves irán de entre 600 a 30.000 euros, por impedir pacíficamente un desahucio, “por protestas que perturben actos públicos o solemnes, por escraches pacíficos, o por concentrarse delante de una sucursal bancaria”. Las multas leves irán de entre 100 a 600 euros, por desplegar una pancarta en un edificio público, por una mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola.

Frente a todo esto, el PSOE “frenará esta Ley mordaza, la recurriremos al Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”.

 

 

Por una reforma de la Constitución.

Treinta y seis años después de la vigencia de nuestra Constitución, que ha sido el pacto de convivencia más fructífero de cuantos ha conocido la historia de nuestro país, conviene reflexionar sobre la conveniencia o no de su reforma.

Hoy España es un país radicalmente diferente de aquél de 1978, año en el que tras superar una dictadura de cuarenta años, España despertó a la modernidad, al crecimiento económico, a la concordia entre los españoles y a un acercamiento a Europa que era como decir a la paz de los pueblos, a la cultura y al progreso.

Ayer éramos un país cerrado a nosotros mismos, hoy abierto a Europa y al mundo, ayer un país atrasado tecnológicamente, hoy equiparados al resto en nuevas tecnologías y en los mayores avances científicos, ayer un país acostumbrado al caciquismo y a la inquisición, hoy ilustrado, democrático y plural. Ese cambio experimentado hace necesario adaptar nuestras Instituciones a los nuevos tiempos, a nuevas formas de concebir la democracia y la participación en los asuntos públicos, a una concepción diferente de entender nuestras relaciones con el exterior.

Quienes vivimos, desde nuestra juventud, el ímprobo esfuerzo para pactar un texto constitucional que conjugara las aspiraciones de unos y las frustraciones ajenas creemos que ha llegado el momento de renovar ese pacto de ciudadanía para ayudarnos a crear un nuevo marco de convivencia  como valor supremo que, entre todos, tenemos que preservar.

Si hay que apelar al sentido de Estado de quienes desde el más rancio inmovilismo no quieren tocar ni una coma en respuesta a los retos territoriales, sociales, y económicos que aparecen hoy en España, tenemos la obligación de hacerlo, porque desde el inmovilismo no se da respuesta ni a los problemas de los territorios que consideran que el Gobierno  popular actúa desde un neocentralismo difícilmente comprensible, ni tampoco a quienes creen que la corrupción ha socavado los cimientos del Estado, o a aquellos que demandan una reforma de la política y de los partidos políticos. Pero si hay que frenar los ímpetus irracionales de aquellos que para pasar cuentas del pasado quieren hacer tabla rasa de aquello que tanto nos costó pactar, también tendremos que hacerlo.

Los socialistas defendemos nuestra Constitución y su mejor defensa es abogar por reformarla. Una reforma que abarcaría nuevos derechos sociales y civiles, entre los que destaca la constitucionalización de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que ningún gobierno, como el actual, pueda hacer recortes que dejen en los huesos el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos conseguido.

Una reforma que adecúe el Estado de las Autonomías hacia un Estado Federal en el que las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado sean claras, en la que se dé un nuevo papel a un Senado con graves carencias, en la que se plasmen unas reglas de financiación para las autonomías  que no estén al albur de los Gobiernos cada cinco años y en la que se reformule el papel de los municipios y su financiación para que, de verdad, los municipios como entidad más próxima al ciudadano tengan verdadera autonomía y capacidad para prestar los servicios básicos.

 Y, finalmente, una reforma para mejorar nuestra democracia. La supresión de los aforamientos, la tasación de los indultos, el control de los representantes públicos o el funcionamiento de los partidos políticos y los sindicatos y la patronal que deben responder a los principios de transparencia y democracia, o una nueva forma de elección de los órganos constitucionales con criterios de mérito y capacidad y no de afinidad a los grupos políticos.

En definitiva, las tres crisis que hoy padece España, la institucional, la social y la económica, requieren una reforma a fondo del texto constitucional que nos permita renovar ese pacto de convivencia que nos ha llevado, no lo podemos olvidar, al mayor periodo de tiempo de paz y de progreso económico y social de los que nunca los españoles han gozado. No arruinemos este bien mayor ni por prejuicios inmovilistas ni por ansias constituyentes que no han resuelto nunca ningún problema. Sólo una reforma estudiada y pactada puede ser útil para otro largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles.

Un cambio seguro.

España vive tiempos convulsos. A la grave crisis económica y social que venimos sufriendo durante mucho tiempo, se une la crisis política y una crisis territorial derivada del pulso que los nacionalistas e independentistas han echado al Estado.

Hacer frente a estos retos mayúsculos es tarea difícil, pero empeño inexcusable del Gobierno, de las fuerzas políticas de oposición y de la sociedad española.

Hay quienes creen que los problemas de España se resuelven desde el inmovilismo, la imagen gráfica del Rajoy fumando un puro sería el símbolo de una forma de enfrentar los problemas que no conduce a ninguna parte. Del inmovilismo sólo se deriva la gangrena de problemas irresueltos sine die.

Otros creen que la respuesta a los problemas de España es la ruptura.

La ruptura con un modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978 y que ha hecho que esta España haya vivido la más larga etapa de paz, progreso y prosperidad que jamás hayamos conocido. Si, digo la más larga  etapa de paz, progreso y prosperidad que a lo largo de la historia hayamos vivido. Algo nada despreciable si aceptamos que los españoles fueron testigos, en otras etapas históricas, de cruentas guerras civiles, de un país de miseria y pobreza donde se instaló en la memoria colectiva la imagen de charanga y pandereta que define muy bien la percepción que los españoles tenían de sí mismos. Nada es pues susceptible de no repetirse si nos empecinamos en ello.

Los socialistas creemos que la sociedad española exige un cambio sustancial, un cambio para el que una reforma de nuestro marco de convivencia es inexcusable.

Reformas para adecuar nuestra Constitución a un país que es radicalmente diferente a aquel del 78. Una reforma que renueve el marco de convivencia entre los españoles a través de un nuevo pacto con la sociedad que ha quedado laminado después de esta maldita crisis.

Una reforma para blindar los derechos públicos básicos, como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

Una reforma que nos concilie con nosotros mismos, que modifique conductas, instituciones, derechos, deberes y valores que nunca debimos perder. Voy a poner algunos ejemplos básicos que se convierten en necesidades imperiosas.

España está hoy plenamente integrada en la Unión Europea y este hecho no está reconocido en la Constitución, ni tampoco el marco de relaciones con Europa que supone una transferencia de soberanía evidente.

El mundo de internet ha hecho de nuestra sociedad una sociedad sustancialmente diferente a la del 78. La adaptación de instituciones, de las relaciones sociales, los comportamientos democráticos en forma de una nueva representatividad o el marco institucional actual requiere de una reforma radical porque así lo exige la ciudadanía.

Los partidos políticos como elementos sustanciales del sistema democrático deben adaptar su funcionamiento a los requerimientos sociales, en transparencia, en democracia interna, en apertura a la sociedad y en el control democrático por parte de  la ciudadanía. Y, finalmente, el Estado de las Autonomías, que gestiona los servicios que más aprecian los ciudadanos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tiene que evolucionar hacia el federalismo. ¿Qué significa esto? Que el sistema competencial debe quedar claro y definido para evitar duplicidades injustificadas, que el sistema de financiación debe constitucionalizarse y garantizar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan , que el Senado no puede ser una Cámara de segunda lectura sino una institución que sirva para ahormar las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Que existan elementos de cooperación como los hay en los Estados Federales, en Estados Unidos o en Alemania y que, definitivamente, las entidades locales dispongan de autonomía financiera mediante un marco económico seguro y estable. Pero hay que cambiar también los órganos constitucionales básicos sobre todo en el nombramiento de sus miembros, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Judicial para descolonizarlos de los partidos políticos.

Esta es la parte sustancial de  nuestra propuesta y las concreciones las dejamos para el debate que debe realizarse ya entre los diversos actores. A Rajoy le parece inconcreto, pero lo concreto es su incapacidad para pactar con las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de financiación. A  otros les parece sencillamente irrelevante porque lo suyo es un nuevo pacto constituyente del que, este sí, ni sabemos dónde empieza ni donde nos quiere llevar.

España necesita un cambio y la garantía de un cambio seguro pretende liderarla el PSOE, aunque haya quienes piensen que hay que pasar cuentas con el pasado y esas cuentas empiecen por sustituir al PSOE por radicalismos de izquierdas o veleidades populistas que tanto empiezan a arraigar, lamentablemente, en nuestra sociedad.

 Ya hace tiempo hubo un iluminado que intentó terminar con los socialistas a través del “sorpasso”, es decir, la unión de la izquierda marginal con la derecha política. Y aquí seguimos, aguantando la tempestad  por si quienes se consideran adeptos de aquél iluminado quisieran embestir, en vez de pensar que una alternativa a las recetas de la derecha sólo pasa por una alternativa de izquierdas en la que el PSOE, aunque les cueste digerirlo seguirá siendo  sencillamente indispensable, por el bien de nuestro país y de las generaciones venideras.

 

¡A las barricadas!

Ciertamente que la situación socioeconómica es tan delicada que algunos piensan que la salida a la actual crisis no pasa por la reforma sino por la revolución. Mas no es en la revolución en lo que pensaba el Alcalde de Teruel y Senador D. Manuel Blasco cuando hace muy pocos años, en el Gobierno de Zapatero, se dirigía a los turolenses incitándoles a la confrontación al grito de ¡a las barricadas! (Ahí están las hemerotecas que no me dejaran por mendaz). Y lo hacía en unos años en los que la economía crecía a ritmos del 3% del PIB, que el paro estaba en el 7%,  las inversiones del Estado en Teruel rondaban los 300 millones de euros/año y la población  crecía en 10.000 habitantes más.

Lo hacía cuando se estaba desarrollando el Aeródromo de Caudé, al que tachaba  de "chatarrería", cuando al Polígono de Platea lo calificaba de "campo de cebada", y a la Ciudad del Motor de Alcañiz, ni siquiera mentaba, por estar fuera de su "jurisdicción". Lo hacía cuando el Proyecto del Hospital de Teruel estaba hecho y con licencia municipal y lo hacía cuando se estaban invirtiendo en el tren entre Teruel y Zaragoza más de 200 millones de euros.

Ayer asistimos a un ejercicio de filibusterismo en el Ayuntamiento de Teruel, cuando para diluir cuatro Mociones  de los socialistas para impulsar a los Gobiernos de Aragón y Central en estos asuntos, no hicieron sino un copia y pega de otras cuatro mociones de igual contenido que no tenían más sentido que torpedear las iniciativas de la oposición. No están los tiempos para juegos ni mucho menos para trileros.

¿Qué pretendían las iniciativas del Grupo Municipal Socialista? Veamos.

En la primera se insta al Gobierno a invertir en el mantenimiento y mejora de la línea de ferrocarril entre Zaragoza-Teruel-Valencia, mejorar los horarios, poner a la venta billetes promocionales, contar con unidades de tren modernas y en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Si vemos los Presupuestos de estos cuatro años, las cantidades consignadas para esta línea ferroviaria están entre los 50.000€ y los 100.000€, es decir, cifras ridículas y de relleno que impiden cualquier desarrollo del proyecto, un proyecto del que lo único y esencial que conocemos es que el Gobierno ni hace ni quiere hacer. Así, para el gobierno del PP las actuaciones de primer nivel en materia ferroviaria son: LAV Madrid-Levante, Corredor Mediterráneo, Eje Atlántico, LAV Madrid-Galicia, Corredor Norte, LAV Madrid-Extremadura y LAV Sevilla-Cádiz (Contestación a preguntas del GPS de fecha 12/12/2013). Es decir, nada del corredor Cantábrico-Mediterráneo. ¿A quiénes quiere engañar el Senador y Alcalde de Teruel? Ya que se engañó a sí mismo cuando declaró que concitaría el consenso de los Alcaldes del PP de la línea Sagunto-Vitoria y todavía estamos esperando el resultado de ese compromiso que sería un nuevo compromiso de Caspe, en materia ferroviaria, ¡claro!, lo que no vamos a consentir es que nos engañe más a los turolenses, porque ni somos tontos ni queremos parecerlo.

 La segunda iniciativa es una moción por la que se insta al Gobierno de Aragón a iniciar con rapidez el Hospital de Teruel. Tras tres años donde hemos sido el hazmerreir de España con la insistencia en el riesgo sísmico y después de que los mapas del propio Gobierno de Aragón demuestren que Teruel no es una zona de riesgo, hemos modificado un Proyecto que costará 10 millones de euros más, eso es lo garantizado, lo que no es seguro es que el Hospital empiece su construcción. Veremos.

La tercera es una moción sobre la despoblación. Incapaces de convencer a su gobierno de la especificidad de nuestro territorio y a la espera de que voten en los Presupuestos una enmienda de los socialistas por la que se iniciará una Inversión Territorial Integrada en Teruel, Soria y Cuenca, no se sonrojan de reírse  de todos para aprobar la misma iniciativa que, ¡ojalá me equivoque! van a votar en contra, en el Congreso.

Y, finalmente, una moción sobre violencia de género que  constituye una gran tragedia para una sociedad que quiere llamarse civilizada aunque saque lo peor de sí misma en estas circunstancias.

Lo curioso del caso, una vez analizadas las iniciativas, es la reacción equidistante de quienes piensan que es igual quien legítimamente ejerce su derecho democrático a impulsar la acción del Gobierno que quienes, utilizando estrategias de un cinismo insuperable, utilizan el poder de la mayoría para impedir este impulso o el control de la acción de los gobiernos municipales. ¿Ha visto el Sr. Alcalde de Teruel, en el Senado, Cámara en la que tienen amplia experiencia, que la mayoría copie y pegue las propuestas de la oposición para contraponerlas en cualquier Pleno de control al Gobierno? Sencillamente, no. Allí se prodiga el ejercicio democrático de control y en el Ayuntamiento de Teruel se practica el ejercicio del banalismo, que conduce al final a la desidia y la desesperanza de los ciudadanos que asisten, atónitos, a ese espectáculo tan poco edificante.

Por todo ello me permito preguntarle al Alcalde de mi ciudad y Senador por Teruel si considera que, dadas las circunstancias que acontecen en nuestra tierra y la respuesta dada a estos y otros asuntos por el Partido Popular, es tiempo de que los turolenses vayan a las barricadas.

¿CUENTAS O CUENTOS?

El Ministro Montoro presentaba la semana pasada, con indisimulada euforia, los enésimos Presupuestos de la “consolidación de la recuperación”.

En términos generales preveía un crecimiento de la economía nacional de un 2 por ciento para 2015 pese a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas pesimistas de la zona euro.

Por el lado de los ingresos Montoro cree que en 2015 se ingresará lo mismo por impuestos que en 2007, el último año antes del estallido de la crisis, en el que había casi 2,5 millones más de personas trabajando. En aquel momento el PIB crecía al 3,2 por ciento, el gasto privado a tasas superiores al 3 y la tasa de paro llegaba a su suelo histórico situándose en el 8 por ciento. Cifras muy diferentes a las actuales en las que, según las previsiones del Gobierno, la demanda nacional crecerá un 1,8 por ciento, el consumo privado un 2,1 y la tasa de paro se quedará en casi un 23 por ciento, por encima del desempleo del 21,4% que hubo de media en el año 2011.

Ya hay expertos que dicen que los ingresos se han inflado en 10.000 millones de euros, lo que conllevaría recortes de ese tenor a lo largo del ejercicio si se quiere cumplir con el objetivo de déficit que nos marca la Unión Europea.

En el lado de los gastos, el recorte se quedaba en un 1 por ciento; se advertía que los funcionarios verán, de nuevo, congelar sus salarios por quinto ejercicio consecutivo, las pensiones se revalorizan el 0,25% aunque perderán un 0,50% de valor adquisitivo, mientras que la cobertura al desempleo sufre un “mordisco” reduciendo su presupuesto casi un 15%, hasta producir un ahorro de 4.100 millones.

Por primera vez, desde 2008, crece la inversión pública aunque sea unos raquíticos 300 millones de euros y la factura de los intereses de la deuda que alcanza ya el billón de euros permite un ahorro de 5.000 millones aunque llegue a la cifra de 35.000 millones.

Podemos dar alguna cifra más que significativa como el hecho de que el PIB crece  un 2,6 % como consecuencia de la creatividad de la Contabilidad Nacional que incluye actividades ilegales como la prostitución y las drogas, a instancias, conviene decirlo de la UE, pero sin incomodar tampoco la moral católica de la derecha española.

Me interesa extrapolar estos datos macro a nuestra provincia, a Teruel, que ha sufrido una hemorragia en forma de pérdida de población cercana a las 4.000 personas desde 2011 y cuya tasa de paro ha aumentado en cuatro años del 14,8% y 9.800 parados a los 13.300 parados y una tasa del 20,83% según la EPA del 2º trimestre de 2012.

Si las cuentas del Estado son cuentas y no son el cuento de la lechera tendremos que considerar que los parados de larga duración, de entre los 13.300, no percibirán prestación alguna y el resto verán mermadas sus retribuciones, que los más de 36.000 pensionistas de pensiones contributivas verán reducido su poder adquisitivo en un 0,5%, que los funcionarios que ejercen su labor en Teruel verán congelados, de nuevo, sus salarios y que el empleo no crecerá como consecuencias de las inversiones públicas porque éstas decrecen más del 1,54 mientras en España crecen un 14% y en Aragón un 7%.

A más a más, los agricultores ven cómo se modifican los mapas de aplicación de la PAC produciendo un agravio oneroso con respecto a las percepciones que recibirán los agricultores de Zaragoza y Huesca, calculándose pérdidas de un 15%, los mineros de Andorra ven con asombro cómo ENDESA va a dejar de garantizar el futuro de la térmica y las Cuencas Mineras se van despoblando, con unas inversiones para el Plan Miner de 10 millones en toda España, cantidad insuficiente para continuar con la reindustrialización de esta zona. Sólo faltaba el desastre de la gestión del ébola para que el turismo en España caiga previsiblemente y arrastre al turismo de interior, y de inversiones nada nuevo bajo el sol, es decir, cuatro años de sequía que contradicen al primo de Rajoy cuando decía que no había cambio climático. En inversiones, en Teruel, el cambio climático ha llegado en forma de grave sequía y desierto estructural.

Así que, si algún alto cargo del Gobierno afirmó que éstos eran unos Presupuestos de futuro, para Teruel el futuro se parece más a la sociedad de la chatarra que visualizan las pelis de la Guerra de las Galaxias que a una sociedad que necesita imperiosamente de lo público para poder avanzar.

Cuentas o cuentos qué más da, quédense con lo que quieran, lo cierto es que el optimismo que quiere irradiar el Gobierno se quedará en una nueva frustración de quienes quieren mirar al futuro con esperanza y no encuentran nada nuevo bajo el sol.

Mi discurso sobre la despoblación.

El problema de la despoblación y el envejecimiento es un problema estructural que afecta a España en su conjunto, pero en especial a zonas con características específicas que forman parte, en función de su baja densidad de población de lo que se denomina "desierto demográfico".

Es verdad que la propuesta del Gobierno de estudiar una estrategia global para analizar los efectos de la despoblación supone la constatación de que es éste un elemento fundamental  en lo que supone el mantenimiento del Estado del Bienestar e incluso un elemento fundamental a la hora de dibujar un futuro económico que se presenta incierto.

Existe sin duda un relación directa entre  la crisis económica y la pérdida de población, igual que existe una relación directa entre las respuestas que ha dado el gobierno para luchar contra la crisis económica, porque la pérdida de población no se produce de manera homóloga en todos los territorios, sino que existen un grave desequilibrio territorial que lleva a que la pérdida de población se produzca en la España interior, mientras que la costa mantiene una densidad de población muy por encima de los territorios de la meseta.

Ya lo indicó Gabriel Tortella, para quien está comprobado que existe una correspondencia entre el crecimiento poblacional y la modernización de la economía. En general, los países cuya población más que se dobló en el siglo XIX son aquellos cuya economía se industrializó.  Atentos pues a este elemento, la industrialización como elemento que hace crecer la población y la desinsustrialización, como fenómeno inverso hace decrecer la población.

En el siglo XX  se produce un movimiento, que continúa en nuestro tiempo y que deriva de la Edad Media que consiste en  el desplazamiento de la población española de norte a sur y la tendencia de la población a concentrarse en la costa mediterránea y atlántica-meridional. Es decir, se produce una dualidad entre las zonas costeras ricas y pobladas, con modernas comunicaciones y una España interior despoblada, con alto grado de ruralidad, donde, a excepción de Madrid, la industrialización se ha producido en las grandes ciudades y no en las poblaciones del mundo rural y donde las grandes infraestructuras  están todavía a la espera de su realización.

En el debate que se produjo en el Congreso en el mes de junio, hice mención a Ignatiev y a su libro fuego y Cenizas. En él expresaba la situación de Canadá que bien puede parecerse a la nuestra y decía: " el país estaba dividido en dos tipos de lugares; aquellos en los que podías ganarte la vida en el mismo lugar en que creciste y aquellos de los que te tenías que marchar si querías tener oportunidades de una vida mejor".

Ésta es una desigualdad de la que nadie habla y el Grupo Socialista quiere hablar de ella. Porque no hay nada malo en dejar el lugar en el que uno nace  si eso es lo que se quiere, pero no parece justo que marcharse sea hoy la única opción para tanta gente. Y yo no quiero acusar al Gobierno de que no ataje la despoblación de las zonas más remotas, pero, sin duda, podía hacer algo más de lo que hace, o mejor podía hacer las cosas de manera bien diferente a como las hace.

Porque los desplazamientos de la población de las zonas remotas, del interior de España a la costa o bien a otros países no se produce porque los habitantes de esos territorios sean menos trabajadores que los de otros lugares, o sean menos inteligentes que los de otros sitios, se produce porque las condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales no les permiten poder realizar su proyecto vital  allí donde desean.

¿Y qué puede hacer el Gobierno  para darle la vuelta a esta situación?, pues muchas cosas de las que no hace y otras que las hace al contrario de lo que aconsejaría una lucha rigurosa contra este fenómeno. Es decir, cambiar su política económica, abandonar la devaluación salarial, dejar de aumentar los impuestos y terminar con los recortes en sanidad, en educación en dependencia, y además, tomar medidas específicas para estos territorios, pensar que la especificidad de los mismos requiere acciones puntuales, rápidas y reales para que esa sangría poblacional se frene y, precisamente, a reconocer esta especificidad se refiere la enmienda que el Grupo Socialista presentó en el Congreso.

Quitar un médico en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Zaragoza va en detrimento de la calidad sanitaria que reciben los ciudadanos; amortizar una plaza de maestro en estos lugares merma, sin duda, la calidad educativa que reciben los niños en cualquier núcleo urbano, pero amortizar un médico o un maestro  en un pueblo supone el cierre del colegio o del centro de salud y tiene como consecuencia el abandono  a corto o medio plazo de esas poblaciones por parte de los habitantes que desean vivir en él, pero con unas condiciones que las circunstancias y las políticas públicas no le permiten.

Pagar los mismos impuestos en las zonas rurales que en las urbanas y ver aumentados  más de 40 de ellos en los tres últimos años o cobrar salarios de 400 euros, o ver cómo las percepciones por desempleo son menores y menor el tiempo de percepción es un grave problema en la ciudad y en los pueblos, pero en el mundo rural se condena a mucha gente a la subsistencia porque no hay alternativas de trabajo ni en cantidad ni en calidad.

 Es evidente que asistimos a un abandono de lo rural que nos enfrenta a nuevos riesgos ambientales y ecológicos de incalculables consecuencias. Y esto es lo que están haciendo los gobierno del PP en toda España, recortar y recortar condenando a muchos pueblos a cerrar escuelas, consultorios y a abandonar sus hogares.

¿En qué ayuda a asentar la población recortar los fondos de la minería en Aragón o Asturias o León? ¿En qué ayuda a asentar la población que el Gobierno haya aceptado una PAC que niega a los jóvenes que quieren ser un relevo generacional en la agricultura que no puedan cobrar los "derechos" de la PAC? ¿En qué ayuda a asentar la población el facilitar prácticas de fracking en las zonas más remotas y rurales que sufrirán las consecuencias  físicas de estas prácticas mientras van a comprobar cómo grandes multinacionales se llevan el valor añadido bruto de sus recursos endógenos?

 Estos son algunos ejemplos de lo que hace el Gobierno y nunca debería hacer si quiere equilibrar la distribución geográfica de la población en España.  Y, a sensu contrario, ¿por qué el Gobierno no impulsa planes con la ayuda de las grandes empresas para que éstas puedan ubicar sucursales en las zonas más despobladas? o ¿por qué el Gobierno no invierte más en infraestructuras en estas zonas, como lo demuestran los recortes de los últimos ejercicios presupuestarios?, o ¿porqué el Gobierno no ayuda para que las tecnologías de la información lleguen en las mismas condiciones al mundo rural que al urbano?, o ¿por qué el Gobierno  en vez de poner trabas a las ayudas a la reindustrialización, no ayuda a realizar programas en las zonas más deprimidas para que las empresas dispongan de mejores condiciones para asentarse en estas poblaciones?

Se puede debatir lo que se quiera sobre despoblación, se pueden estudiar todas las estrategias que sea necesario sobre un asunto complejo pero no es  literatura, que existe y amplia, lo que nos piden los ciudadanos afectados por este problema, lo que nos piden es acción.

 Lo que vislumbran los ciudadanos de Ávila,  Badajoz, Cáceres, Cuenca, Lugo, Ourense, Palencia, Segovia, Soria, Teruel o Zamora, que son las provincias con mayor pérdida de población desde 1950 hasta hoy, es que falta  voluntad política , lo que comprueban  cada día los pocos habitantes que quedan en estos lugares es que no existe es un Gobierno con sensibilidad para corregir los desequilibrios territoriales e implementar acciones para corregirlos, lo que no existe es liderazgo  para entender que un país no es país si no posibilita que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades sea donde sea el lugar en el que quieran residir.

Porque estamos hablando de eso, de desigualdad y este Gobierno no hace lo necesario para corregir las desigualdades entre los ciudadanos y entre los territorios. No es que no lo haga, es que esconde la cabeza debajo del ala cuando se trata de poner de acuerdo a las Comunidades gobernadas por el PP para hacer un nuevo sistema de financiación que debería tener en cuenta la despoblación como elemento de desigualdad.  Es que se niega a entender que sólo industrializando de nuevo España  solventaremos este problema, es que niega la especificidad de los territorios que han tenido por condiciones económicas, geográficas, culturales o sociales, peores oportunidades de desarrollo y, por tanto, necesitan que esa especificidad sea compensada con  mayores inversiones.

Por ello, el PSOE presentó una enmienda a la PNL del Grupo Popular en la que intentaba consensuar medidas para que el PP baje de las musas al teatro e implemente medidas concretas para la lucha contra la despoblación.

Termino recordando las Mocedades del Mío cid como ejemplo de la máxima que utiliza el Gobierno, en cualquiera de las políticas que ha venido desarrollando. Decía Guillen de Castro en las Mocedades: "Procure siempre acertalla, el honrado y principal, pero si acertare mal, defendella y no enmendalla".

Pues bien, el Gobierno acierta mal en sus políticas económicas y mal haría, en defendella  porque estamos a tiempo de enmendalla.

Mi intervención en el Pleno del Congreso, sobre despoblación:

"Sras y Sres Diputados: Me satisface de manera especial hablar en el Congreso de los Diputados de un asunto que afecta a muchos españoles de los territorios más remotos de nuestra geografía, de una circunstancia que constituye una preocupación para mucha gente y que debería de formar parte de las prioridades máximas de un Gobierno que se precie de estar cerca de los problemas de los ciudadanos.

Señorías, hace unos días tuve la oportunidad de acercarme a un libro publicado por Michael Ignatieff " Fuego y Cenizas", en el que el que fuera candidato liberal en Canadá allá por 2004 cuenta sus experiencias políticas  en la campaña electoral desarrollada en un país extenso y despoblado.

Decía Ignatieff: “que viajando por el país observó una división gigantesca e ignorada por completo. Era la división entre el mundo urbano y el mundo rural, el centro de las ciudades y los pueblos (...), lo metropolitano y lo remoto. El país estaba dividido en dos tipos de lugares: aquellos en los que podías ganarte la vida en el mismo lugar en que creciste y aquellos de los que te tenías que marchar si querías tener oportunidades de una vida mejor.

Esa parecía ser una desigualdad de la que nadie hablaba. (...)No hay nada malo en dejar el lugar en que naciste si eso es lo que quieres, pero no parecía justo que marcharse fuera la única opción para tanta gente. El Gobierno no podía atajar por sí solo la despoblación de las regiones remotas y rurales, pero sin duda podía hacer algo -invirtiendo en carreteras, colegios, conexión a internet- para permitir que aquellos que deseaban quedarse y sacar adelante una familia pudieran hacerlo".

¿Y cómo puede ser que un candidato en Canadá tenga la sensibilidad de poner en el primer orden de sus prioridades políticas la despoblación  y en España el Gobierno tenga tanta insensibilidad con este asunto?

Señorías, en Cuenca, en Soria, en Teruel o en otros territorios de España que han sufrido en los últimos siglos el éxodo de sus ciudadanos, éstos no se marcharon porque fueran menos trabajadores que los demás, porque fueran más torpes que los demás, porque tuvieran menos apego a su tierra que los demás, lo hicieron sencillamente porque no tuvieron oportunidades de desarrollarse como sí las tuvieron  las demás personas en otros lugares del país. Y por eso  la despoblación se convierte en otra cara más de la desigualdad.

Una desigualdad que se manifiesta en las diferencias de acceso a la educación, en el acceso a una sanidad, a la cultura, a la universidad. Una desigualdad que se manifiesta en las dificultades que tienen estos territorios para conectarse con las zonas urbanas más pobladas y más prósperas, una desigualdad que se manifiesta en un acceso a los servicios públicos más remoto y más difícil. Una desigualdad, en definitiva, que se visualiza en aquellos lugares en los que lo más próximo es el silencio y el silencio es la mejor señal de la "invisibilidad" en la que quedan los territorios que sufren el éxodo de sus ciudadanos.

Por eso no les sorprenderá que después de una crisis económica y social tan grave como la que tenemos de nuevo se alce la voz de los que sufren este fenómeno, de los que se convierten en "desplazados económicos", o "desplazados sociales" de los que emigran en busca de mejores oportunidades porque en sus territorios, allí donde les gustaría vivir no tiene oportunidades para hacerlo o de quienes se desplazan en busca de mejores servicios públicos porque en sus lugares de origen no existen o se les han quitado.

Por eso el Gobierno y el grupo Parlamentario Popular no debieran despachar este asunto con una " larga cambiada", sino que deberían tomarse la despoblación como un asunto de Estado. Y tratar esta lacra social como un asunto de Estado significa negociar con la UE que "la especificidad" de los territorios escasamente poblados sea combatida con recursos extraordinarios y con inversiones en infraestructuras que sean capaces de corregir los desequilibrios existentes.

No parece desmesurado  negociar con la UE que estas zonas escasamente pobladas que son un desierto demográfico reciban asignaciones como las del Norte de Europa y no parece desmesurado pedir que el Gobierno, junto a las Comunidades Autónomas, elaboren Planes de actuación específicos para ayudar a estos territorios, como no parece desmesurado pedir que  se mantengan los servicios públicos esenciales de educación, de sanidad, de servicios sociales en estas zonas desérticas, envejecidas y periféricas .

Señorías, cerrar una escuela en Teruel, en Cuenca o en Soria es condenar a un pueblo a la desaparición, cerrar un Centro de Salud o un Hospital en estas zonas es condenar a los habitantes de estos territorios a disponer de servicios más alejados y de más difícil acceso. Por eso, para que no haya desigualdades territoriales que lleven a desplazamientos sociales o económicos presentamos esta enmienda que queda defendida en sus propios términos.

Como decía Ignatieff, "Me convertí en el improbable candidato de la división entre lo urbano y  lo rural, la implacable geografía de las oportunidades que impide a tantas personas brillantes progresar a menos que emigren. Fue algo de lo que me di cuenta poco a poco, pero decidí que iba a luchar por un país donde la esperanza estuviera distribuida justamente, donde todos tuvieran una oportunidad de construirse una vida allí donde residieran".

Por eso queremos luchar también Señorías, estoy convencido, todos los Diputados y Diputadas que venimos de territorios "pequeños pero no invisibles" a los que todavía nos queda la esperanza de que los poderes públicos intervendrán,  de acuerdo a sus competencias, en trabajar por dar solución a un problema que no puede esperar, porque cualquier espera dejará sin esperanza a mucha gente que tiene el derecho de poder vivir con dignidad allí donde ha nacido o allí donde ha elegido vivir.

 No quiero terminar sin agradecer a los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista por Cuenca y Soria, Sres. Sahuquillo y Lavilla sus aportaciones y su predisposición para que, en su nombre, defendiese yo esta enmienda de adición. Les quedo muy agradecido, y al Diputado Chesús Yuste por haber traído aquí esta iniciativa. A Udes. Señorías, muchas gracias por su paciencia y atención".

Tras la abdicación del Rey.

El día 2 de junio de 2014 nos sorprendía el Rey con el anuncio de su abdicación. De inmediato algunas fuerzas políticas han iniciado una estrategia de presión para que la sucesión en la Corona no se produzca tal y como prevé la Constitución, sino que sea sometida a un  referéndum, y apelan al mayor o menor espíritu republicano de unos u otros.

Es posible que éste sea un buen momento para recordar que nuestra Constitución se sometió a referéndum y los españoles aprobamos como forma política del Estado la Monarquía parlamentaria. Y se hizo porque la misma fue fruto de un amplísimo consenso y de una reconciliación entre las dos Españas, que dio lugar a la etapa de paz más larga y duradera en los últimos siglos.

 Hay quien dice que esta Constitución no ha sido aprobada por una mayoría de españoles de las nuevas generaciones lo que no le quita un ápice de validez jurídica como no le quita a la Constitución de los Estados Unidos, mucho más antigua que la nuestra, ninguna validez el hecho de que las nuevas generaciones de estadounidenses no la hayan votado.

A este consenso constitucional contribuyeron distintas fuerzas políticas, desde el Partido Comunista que votó a favor de la Monarquía hasta el PSOE que se abstuvo, pasando por UCD o Alianza Popular, a ese consenso contribuyeron diputados aragoneses como Hipólito Gómez de las Roces o Emilio Gastón, ambos defensores de la Monarquía constitucional, como se refirieron a ella en sus enmiendas particulares. Parece pues chocante que quienes son herederos del Partido Comunista sean hoy los que piden con más ardor la celebración de un referéndum sobre la forma del Estado no contemplado  legalmente.

Por eso resulta pertinente recordar la figura de Santiago Carrillo y su histórico discurso del día 5 de mayo de 1978. En él,  D. Santiago  que era consciente de que conseguir la democracia era más importante que la forma de Gobierno y consciente también de que el cambio no se había producido por una ruptura revolucionaria, hecha de golpe, como por ejemplo sucedió en Portugal, sino por un proceso que responde a una política de reconciliación, apostillaba: " Un Partido político que se propone transformar la sociedad no puede prescindir de la realidad. Si en las condiciones concretas de España pusiéramos sobre el tapete la cuestión de la República, correríamos hacia una aventura catastrófica en la que, seguro, no obtendríamos la República, pero perderíamos la democracia. Tal riesgo podría correrlo un grupo puramente testimonial que no se proponga hacer política. Un Partido serio y responsable, dispuesto a hacer avanzar el cambio democrático, a convertirse en fuerza de gobierno, no puede  lanzarse y lanzar al país en esa aventura".

Esa fue la posición del líder del Partido Comunista, la de un hombre sensato que contribuyó a asentar la democracia y a buscar la reconciliación y la paz.

Pero conviene traer a colación la posición del PSOE, un partido que también se llama republicano, que se abstuvo en la votación sobre la Monarquía e hizo una defensa, más o menos ardiente de la República, en boca de Gómez Llorente dijo dos cosas sustanciales: 1.-"(...) La actitud de los socialistas ante la institución monárquica es más serena, más de principios, más estable, probablemente más sincera. No ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el poder, no es incompatible con la Monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aún transformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento ya sea en el terreno político o económico".

2.-"El proceso de reforma política hace inevitable que en su día se pronuncie el pueblo sobre el conjunto de la Constitución, y puesto que ello es previsible y racionalmente inevitable, no haremos obstrucción, sino que facilitaremos el máximo consenso a una Constitución que ha de cerrar cuanto antes este periodo de la transición y abrir el camino a nuevas etapas de progreso y transformaciones económicas y sociales, a las que en nada renunciamos, y para las que sólo pretendemos ser un instrumento de nuestro pueblo."

Ese fue el comportamiento político de la izquierda en la elaboración de la Constitución. Por eso hoy, cuando los parlamentarios tengamos que decidir sobre la Ley Orgánica que regula la abdicación del Rey yo votaré afirmativamente, sin el remordimiento de pensar que traiciono la memoria de tantos que dieron su vida por defender la democracia, la igualdad y la libertad antes que la República o la de quienes, afortunadamente, pudieron vivir para contemplar cómo las dos Españas estaban reconciliadas y la democracia y la libertad imperaba en nuestro país. Seguro que Víctor-Flores Cosa Sanz, Evaristo Corella, Ángel Cosa, Vicente Guillén, Jaime Sebastián, Modesto Edo o César Abril y tantos republicanos que fueron fundadores del PSOE en mi pequeña localidad  sabrán comprenderme.

A quienes respetando su decisión hacen política pequeña para arañar votos al PSOE, buscando  que se produzca un "sorpasso" en la izquierda que les ubique en el lugar que siempre creyeron que les pertenecía y hasta ahora no han podido lograr, voy a recodarles otro pasaje de Santiago Carrillo:"Hay que darse cuenta de que en estas condiciones, si las instituciones de gobierno surgieran discutidas por la izquierda, aunque esto sólo se hiciese con un gesto para la galería, nosotros mismos estaríamos contribuyendo a inclinarlas y desplazarlas hacia la derecha, e incluso hacia la ultraderecha que avizora todos los errores de la izquierda para recuperar el terreno perdido". Nunca antes este texto ha tenido tanta actualidad.

¿Brilla más el sol?

En los comienzos de la campaña electoral para elegir a los candidatos al Parlamento Europeo oímos decir al Presidente del Gobierno y al Sr. Cañete, cabeza de lista del Partido Popular, que España va bien o que la recuperación está aquí.

Sin que alguien tenga la intención de llamarme “cenizo” o que haya quien piense que, como dijo Montoro en su día, el PSOE pudiera apostar por el “que se hunda España, que ya la rescataremos nosotros”, lo cierto es que la recuperación se va a producir de manera muy lenta y con incertidumbres que no deben ser dejadas de lado.

Es verdad que los datos del paro registrado en Abril han sido esperanzadores, aunque no sea yo el que diga aquello de “tendría gracia que en abril, en Semana Santa, no mejorasen los datos del paro registrado”, Rajoy dixit (Mayo de 2011), ni tampoco aquello de “el paro baja en abril y bajará en mayo y junio. Eso ya lo sabemos todos. Igual que los días son más largos, las temperaturas son más altas y el sol brilla más. Eso se llama estacionalidad”, Soraya Saénz de Santamaría (4 de mayo de 2011). Pero estos datos no mitigan los de la primera EPA de este año que confirma que se sigue destruyendo empleo (185.000 empleos destruidos) y que hay casi 6 millones de parados.

Tampoco puede llevarnos a la desmedida campaña de la recuperación el hecho de que la Comisión Europea prevea un crecimiento del 1,1% del PIB para el 2014 o el 2,1% para el 2015, si como seguidamente informa la tasa de paro en 2015 será la más alta de toda la Unión Europea junto a la de Grecia: un 24%. Por cierto, datos muy parecidos a los que da la OCDE para España publicadas hoy y que prevén una tasa de paro para 2014 del 25,4% y del 24,4% en 2015. En todo caso cifras que están por encima de las que encontraron en 2011. Una legislatura perdida en materia de empleo.

Esas son las cifras. Las interpretaciones pueden ser variadas. Los optimistas  creen que la recuperación viene para quedarse frente a los realistas que ven nubes en el horizonte. Los problemas financieros de los países emergentes, el hipotético impago de la deuda griega que generaría otra crisis en el euro, la sobrevaloración de la moneda europea que frena las exportaciones o la crisis de Ucrania que puede ser un freno al crecimiento de los países del euro son amenazas que habrá que tener muy en cuenta. Y junto a ellas, el aumento de la desigualdad en España es un factor determinante para ser cautelosos en las manifestaciones de los representantes públicos, aunque sólo sea por el respeto que merecen aquellos que ven como la brecha entre los más ricos y las clases medias y bajas ha crecido en mayor medida en España.

Ya está bien que las cifras de paro registrado en Abril hayan sido buenas, lo son para quienes han encontrado un empleo aunque sea precario, lo son para la Seguridad Social que ve aumentado los ingresos y lo son para todos si sirven para que nuestra moral crezca. Es verdad que  los datos del CIS no invitan al optimismo (el 85,2% de los españoles creen que la situación económica es mala o muy mala , el 86,7% creen que este  año será igual o peor y el 66,1% creen que el año próximo  empeorará) y también que las previsiones de la UE para este año con la tasa de paro (25,5%), el déficit público (-5,6%) o la deuda (100,2% del PIB) no invitan a la desmesura, pero a Rajoy a Cañete nada de eso puede hacerles desviar del  manido eslogan del  España va bien, aunque negros nubarrones se interpongan ante el Sol. ¿No se lo tendrían que hacer mirar?

Sobre Cataluña y España

Cuentan quienes viven en Cataluña que el ambiente social se hace, día a día, irrespirable. Que la espiral de independentismo ha calado en la sociedad catalana hasta tal punto que se aprovecha cualquier acontecimiento público, bien sea político, cultural o deportivo para lanzar una soflama: ¡In-de-pen-den-cia!

Existe, lo queramos ver o no, un problema serio de encaje de Cataluña en España y bien haría Rajoy en darse cuenta que la táctica del avestruz no es, precisamente, la actitud más razonable para intentar solucionar este asunto.

 ¿Por qué hemos llegado hasta aquí si es cierto que los catalanes gozan de las mayores cotas de autogobierno que jamás hayan tenido? Las respuestas pueden ser variadas. A la crisis económica que golpea sin piedad a España y Cataluña se agarran quienes demagógicamente explican que con la independencia la salida de esta crisis sería más rápida y más justa. A la Sentencia del Tribunal Constitucional que recortó un Estatuto, refrendado por el pueblo catalán, se aferran otros y a la actitud frentista de quienes hacían mesas petitorias para luchar contra aquél Estatuto y campañas para no consumir productos catalanes apelan quienes buscan cualquier excusa para hacer del choque de trenes un hecho inevitable y de fatales consecuencias.

Existen pues un problema jurídico y otro político. Del jurídico ha dado cumplida cuenta el TC en su Sentencia contra la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013 que declara inconstitucional y nulo el principio de "soberanía" del pueblo catalán, aunque, a la vez declara constitucional la referencia al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña". Y de ahí parte el problema político, que consiste en dialogar para unir, en buscar la mejor forma de convivencia juntos antes que separados, porque juntos España es más y Cataluña es más y separado somos los dos pueblos menos y más débiles.

Visto de ese modo, el debate se pudo convertir en un diálogo de sordos entre un Presidente que niega el problema y un grupo de partidos nacionalistas que no ven otra salida que la ruptura, que la independencia. Y las dos soluciones son malas, las dos conducen a un callejón sin salida.

Los socialistas, que no somos nacionalistas, que luchamos por la igualdad y  la libertad de los pueblos, hemos dicho no a transferir al Parlamento de Cataluña la capacidad para poder hacer consultas sobre un asunto que compete a todos, a los catalanes  pero también al resto de ciudadanos de España. Por eso decidir sobre si los catalanes quieren hacer un Estado propio no es un derecho que tengan solo los catalanes sino todos los españoles. Claro que nos oponemos al "derecho a decidir" sobre la ruptura de España, porque sólo de eso hablamos, hablamos de la intención de hacer una consulta con carácter vinculante para el Gobierno y la Generalitat que conduciría inevitablemente a la independencia de Cataluña y nosotros no queremos que Cataluña se independice de España.

Pero, a la vez, entendemos que existen posibilidades constitucionales para que los problemas de Cataluña puedan ser abordados desde el diálogo, la legitimidad democrática, la transparencia, la legalidad y la participación como dice la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Por tanto ¿se puede modificar la Constitución, para como dice Rodríguez de Miñon añadir una Disposición Adicional donde se blinde la lengua, la cultura, la financiación catalana? Sí, es una solución. Se puede modificar la Constitución para  avanzar en un Estado federal. Claro que sí. En los países federales como Alemania o Estados Unidos, las constituciones dicen qué competencias corresponden al Estado y el resto las envían a las Comunidades Autónomas y eso evita la conflictividad competencial, razón a la que acuden los que quieren recentralizar. Pero con este sistema también se evita que el Estado entre en las competencias de las Comunidades Autónomas que es de lo que se queja Cataluña.

En definitiva nuestra propuesta se basa en una modificación de la Constitución en sentido federal, donde se toquen las competencias, el Senado o la financiación, un proceso que garantice a los españoles la igualdad  de derechos en relación con los servicios sociales básicos y una reforma que recoja las aspiraciones del pueblo de Cataluña y sus singularidades. En definitiva, como dijo Rubalcaba "una reforma constitucional que actualice nuestro pacto constituyente porque sin pacto no es posible ningún tipo de reforma. Esa es nuestra propuesta y así lo tienen que conocer los ciudadanos. La posición de Izquierda Unida-Iniciativa els Verds, la de CIU, Esquerra Republicana, CUP, PNV, BNG, Chunta Aragonesista, Amaiur o Compromís es otra, es la de quienes creen que el derecho de autodeterminación de los pueblos legitima a cualquier territorio para poder independizarse del Estado matriz y eso lo tienen que explicar en Cataluña pero también en el resto de los  territorios que componen España. Ahí quiero ver a Cayo Lara.

EN LA LISTA NEGRA

La consecuencia más negativa que supone el incumplimiento del déficit público de 2013 en las cuentas de Aragón no es ni la ratio entre las Comunidades Autónomas más incumplidoras de España, ni el fracaso político del Gobierno de la Presidenta Rudi, ni tan siquiera la falta de reflejos de un Gobierno desgastado, falto de credibilidad y desnortado en sus objetivos. Lo más duro es que Aragón forma parte de la "lista negra" elaborada por el Ministerio de Hacienda y las consecuencias que derivan de ello. Aragón es hoy una Comunidad Autónoma "intervenida". ¿Qué significa eso? Pues ni más ni menos que, por primera vez desde que Aragón alcanzó la autonomía hemos perdido la capacidad de autogobierno en materia económica. Nuestros Presupuestos  los va a elaborar el Gobierno Regional con la vigilancia de los hombres de negro de Madrid, nuestras cuentas ya no dependen de Rudi sino de Montoro.

Las consecuencias de este fracaso son gravísimas. 1º.-La capacidad impositiva del Gobierno va a estar vigilada por Montoro que ha observado cómo los ingresos durante 2013 han caído en 864 m/€ a pesar de las subidas del IVA, del IRPF y de otros 40 impuestos más, lo que contradice el discurso oficial de la recuperación económica. Los gastos que fueron 674 m/€ menos, lo que da idea del recorte en sanidad, educación y servicios sociales, aunque se aumentaron los gastos de capital , por ejemplo en las transferencias hechas a las comarcas, van a ser mirados con lupa y sometidos a estricto control. 2º.-Todos los convenios que la Comunidad acuerda con Madrid van a ser vigilados estrechamente por la Intervención General del Estado y condicionados en su firma y en su ejecución. Convenios tan importantes como el Plan de Vivienda, los que ADIF quería hacer con la DGA para arreglar la línea férrea entre Sagunto y Zaragoza, los convenios para becas o para Dependencia o el Fondo de Inversiones de Teruel, por poner sólo algunos ejemplos.3º.-Se ponen en riesgo las inversiones en Universidad, en I+D+i, las inversiones municipales, los Hospitales de Teruel y Alcañiz pero lo que es más grave , aunque intenten ocultarlo, habrá nuevos recortes en Educación y Sanidad, si no llegan a tocar los salarios de los funcionarios.

En definitiva una gestión nefasta de aquella mujer que, como Agustina de Aragón, venía a salvarnos, a poner orden en las cuentas y a colocar a Aragón en un lugar de privilegio entre las Comunidades Autónomas españolas.  El espinazo de su proyecto político ha quedado hecho trizas y su credibilidad por los suelos.

Porque el fracaso económico no queda en el déficit público. Es que el desbarajuste presupuestario es de tal magnitud y el despropósito de tal calibre que no sólo somos incumplidores en el déficit sino también en la deuda. Aragón ha duplicado en tres años la deuda que existía. Si en 2010, con Marcelino Iglesias de Presidente del Gobierno había una deuda de 2.100m/€, hoy el PP la ha aumentado hasta los 5.300m/€ y el porcentaje de deuda estará en torno  al 16,60% cuando el límite que permite la estabilidad presupuestaria es el 15% del PIB. Otro incumplimiento que traerá nuevas consecuencias negativas para Aragón. ¿Y a quién culpan ahora? Decidieron hacer una política de aumento de impuestos y hundieron el consumo y los ingresos. Decidieron apostar por la austeridad a costa de recortar derechos sociales y han conducido a la población a las mayores tasas de pobreza conocidas en España, a las mayores cotas de paro y de exclusión social. Esa imagen de Rudi como la gran gestora, la Dama de Hierro de Aragón ha quedado hecha añicos en tres tristes años. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la hoja de ruta que nos propone el PP en Aragón? Mucho me temo que, de nuevo, la única salida sea más austeridad, entiéndaseme bien, más austeridad para los demás porque la austeridad de Rudi con dos sueldos o la austeridad de la Presidenta del PP de Teruel, que aún obligada por una ley que aprobaron ellos en el Congreso no quiere bajarse el sueldo hasta acabar la legislatura, no supera la prueba del algodón. ¡Vaya con los del orden, la ejemplaridad y el cilicio! A lo que nos están llevando.

Populismo punitivo y autoritarismo.

La crisis económica ha servido como excusa para que el Gobierno comenzara una contrarreforma legislativa sobre aspectos esenciales de la convivencia que, sin duda, suponen un recorte de las libertades públicas, de los derechos individuales y colectivos y de derechos económicos y sociales que habían devenido normales desde la aprobación de la Constitución.

Hemos advertido reiteradamente que nada tenía que ver con la crisis la reforma educativa y la implantación de la Religión en los currículos escolares , nada tiene que ver con la crisis la reforma de la ley del Aborto que nos retrotrae al siglo XIX y condena a las mujeres a que otros dispongan sobre lo que tienen que hacer con su maternidad y nada tiene que ver con la crisis económica la modificación del Código Penal, o la nueva ley de Seguridad Privada o la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. O tal vez sí. O tal vez el relato socioeconómico de la derecha que nos gobierna se base en una estrategia que supone tomar medidas gravísimas que afectan a las clases medias y bajas, que empobrecen a amplias capas de la sociedad que se ven condenadas a protestar cuando no a delinquir para poder comer. Y contra esas actitudes de protesta, del ejercicio legítimo a la manifestación, de delincuencia menor propiciada por el hambre, se lanza una batería de normas legales que afectan directamente al pacto social que nos ha permitido convivir pacíficamente durante más de treinta años.

 De este modo podrán comprobar cómo la Ley de Seguridad Privada prevé, entre otras pequeñas cosas, que empresas privadas de seguridad que pueden ser extranjeras pueden disolver manifestaciones. O sea que pueden venir fornidos muchachos de los Países Bajos a lavar la afrenta del asesinato del conde de Edmond por el duque de Alba en el costillar de maestros que están reclamando por sus contratos en una administración, como dice el profesor Alvarez García. Una ley construida sobre el principio de la sustitución de la seguridad pública por la privada y por una demonización de las manifestaciones.

Y qué decir de la modificación del Código Penal, un anteproyecto del que hablan mal hasta los expertos que comparecen en el Congreso a propuesta del PP. Un proyecto que se engancha en las medidas penales aprobadas en la Alemania nacionalsocialista y alguna de cuyas perlas es la “prisión permanente revisable”, un concepto que aúna el populismo con el autoritarismo propio del franquismo , que vulnera el art. 9 y el 25 de la Constitución, que constituye un trato inhumano para el reo y que afecta a la reinserción y la rehabilitación, elementos sustantivos de la doctrina constitucional penal en España. Si les parece poco esto revisen el concepto de “libertad vigilada” para la disidencia política y social que nos vincula con la vieja ley de vagos y maleantes y con la de peligrosidad y rehabilitación social y terminarán por preguntarse si esto es cosa de locos o de fascistas.

Por si no tienen suficiente con esto, repasen, queridos lectores, la conversión de faltas en delitos y comprobarán el ataque a los que no tienen recursos frente a la cuasi impunidad de los delitos económicos o también llamados de cuello blanco y así podrán convencerse de que en esta sociedad donde cada vez hay más pobres es muy  mala cosa ser pobre, sobre todo si tienen la tentación de ampararse bajo la protección de este Gobierno.