Cuentan quienes viven en Cataluña que el ambiente social se
hace, día a día, irrespirable. Que la espiral de independentismo ha calado en
la sociedad catalana hasta tal punto que se aprovecha cualquier acontecimiento
público, bien sea político, cultural o deportivo para lanzar una soflama: ¡In-de-pen-den-cia!
Existe, lo queramos ver o no, un problema serio de encaje de
Cataluña en España y bien haría Rajoy en darse cuenta que la táctica del
avestruz no es, precisamente, la actitud más razonable para intentar solucionar
este asunto.
¿Por qué hemos llegado
hasta aquí si es cierto que los catalanes gozan de las mayores cotas de autogobierno
que jamás hayan tenido? Las respuestas pueden ser variadas. A la crisis
económica que golpea sin piedad a España y Cataluña se agarran quienes
demagógicamente explican que con la independencia la salida de esta crisis
sería más rápida y más justa. A la Sentencia del Tribunal Constitucional que
recortó un Estatuto, refrendado por el pueblo catalán, se aferran otros y a la
actitud frentista de quienes hacían mesas petitorias para luchar contra aquél
Estatuto y campañas para no consumir productos catalanes apelan quienes buscan
cualquier excusa para hacer del choque de trenes un hecho inevitable y de
fatales consecuencias.
Existen pues un problema jurídico y otro político. Del
jurídico ha dado cumplida cuenta el TC en su Sentencia contra la Resolución del
Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013 que declara inconstitucional
y nulo el principio de "soberanía" del pueblo catalán, aunque, a la
vez declara constitucional la referencia al "derecho a decidir de los
ciudadanos de Cataluña". Y de ahí parte el problema político, que consiste
en dialogar para unir, en buscar la mejor forma de convivencia juntos antes que
separados, porque juntos España es más y Cataluña es más y separado somos los
dos pueblos menos y más débiles.
Visto de ese modo, el debate se pudo convertir en un diálogo
de sordos entre un Presidente que niega el problema y un grupo de partidos
nacionalistas que no ven otra salida que la ruptura, que la independencia. Y
las dos soluciones son malas, las dos conducen a un callejón sin salida.
Los socialistas, que no somos nacionalistas, que luchamos por
la igualdad y la libertad de los pueblos,
hemos dicho no a transferir al
Parlamento de Cataluña la capacidad para poder hacer consultas sobre un asunto
que compete a todos, a los catalanes pero también al resto de ciudadanos de España.
Por eso decidir sobre si los catalanes quieren hacer un Estado propio no es un
derecho que tengan solo los catalanes sino todos los españoles. Claro que nos oponemos
al "derecho a decidir" sobre la ruptura de España, porque sólo de eso
hablamos, hablamos de la intención de hacer una consulta con carácter
vinculante para el Gobierno y la Generalitat que conduciría inevitablemente a
la independencia de Cataluña y nosotros no queremos que Cataluña se independice
de España.
Pero, a la vez, entendemos que existen posibilidades
constitucionales para que los problemas de Cataluña puedan ser abordados desde
el diálogo, la legitimidad democrática, la transparencia, la legalidad y la
participación como dice la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del
pueblo de Cataluña. Por tanto ¿se puede modificar la Constitución, para como
dice Rodríguez de Miñon añadir una Disposición Adicional donde se blinde la
lengua, la cultura, la financiación catalana? Sí, es una solución. Se puede
modificar la Constitución para avanzar
en un Estado federal. Claro que sí.
En los países federales como Alemania o Estados Unidos, las constituciones
dicen qué competencias corresponden al Estado y el resto las envían a las
Comunidades Autónomas y eso evita la conflictividad competencial, razón a la
que acuden los que quieren recentralizar. Pero con este sistema también se
evita que el Estado entre en las competencias de las Comunidades Autónomas que
es de lo que se queja Cataluña.
En definitiva nuestra propuesta se basa en una modificación
de la Constitución en sentido federal, donde se toquen las competencias, el
Senado o la financiación, un proceso que garantice a los españoles la
igualdad de derechos en relación con los
servicios sociales básicos y una reforma que recoja las aspiraciones del pueblo
de Cataluña y sus singularidades. En definitiva, como dijo Rubalcaba "una
reforma constitucional que actualice nuestro pacto constituyente porque sin
pacto no es posible ningún tipo de reforma. Esa es nuestra propuesta y así lo
tienen que conocer los ciudadanos. La posición de Izquierda Unida-Iniciativa els Verds, la de CIU, Esquerra
Republicana, CUP, PNV, BNG, Chunta
Aragonesista, Amaiur o Compromís es otra, es la de quienes creen que el
derecho de autodeterminación de los pueblos legitima a cualquier territorio
para poder independizarse del Estado matriz y eso lo tienen que explicar en
Cataluña pero también en el resto de los
territorios que componen España. Ahí quiero ver a Cayo Lara.
