Hemos denunciado la situación de la línea ferroviaria de Teruel.

"Con la desinversión del Gobierno del Partido Popular, la línea ferroviaria de Teruel es insufrible para los viajeros, inservible para el tráfico de mercancías e insoportable para los ciudadanos”. Así lo he denunciado en rueda de prensa como Secretario General del PSOE en la provincia de Teruel, añadiendo que la inversión del Gobierno del PP en la línea ferroviaria ha sido de cero euros, “lo que nos ha hecho volver al siglo XIX en materia ferroviaria”.

Desde el PSOE Teruel, pensamos que es una vergüenza que hayan tenido que poner el grito en el cielo los empresarios valencianos, diciendo que "la línea Zaragoza-Sagunto es un escándalo", para que desde el PP se den por aludidos.

En este sentido, también hemos recordado ante la prensa un folleto que repartió el PP en el año 2003, titulado “La Verdad”, en el que afirmaban que con el PP, el tren alcanzaría una velocidad de 220 kilómetros/hora, con paradas en los distintos municipios a lo largo del recorrido, y que el trayecto Teruel-Zaragoza “se haría en una hora y 5 minutos”. Ha quedado demostrado que lo que ellos decían que era La Verdad del PP, se contradice con la realidad, por lo que se convierte en una gran mentira.

Igualmente, hemos recordado que en el año 2012, el PP impulsó el Decreto de Infraestructuras y Servicios Básicos, que tenía como objetivo ahorrar a Renfe costes en su explotación, “aunque en realidad lo que se hacía era deteriorar muchas líneas convencionales, entre ellas la de Zaragoza a Teruel”. Tras este Decreto, el Gobierno sólo garantizaba el mantenimiento de las líneas de “obligación de servicio público”, y el resto se financiarían mediante convenios con las Comunidades Autónomas, a pesar de que estudios han demostrado que hasta las líneas de Alta Velocidad son deficitarias.  

Convenio con Renfe

También hemos hecho referencia al convenio con Renfe en Aragón, que ha llegado “tarde y mal”, ya que “grava a la Comunidad Autónoma y beneficia claramente a Renfe”. Así, el convenio firmado en 2009 por el Gobierno del PSOE garantizaba 14 servicios en la línea entre Teruel y Valencia, mientras que el firmado por Rudi en 2014 sólo contempla 8 servicios.

Por otro lado, en el convenio firmado en 2009, el Gobierno de Aragón solamente pagaba el déficit de explotación (la diferencia entre el coste y el importe de los billetes), mientras que en el de 2014, el Gobierno Aragonés paga el déficit de explotación, y un 3% sobre el importe de explotación como “beneficio razonable, considerando a Renfe simplemente como una empresa, algo increíble y que le cuesta al Gobierno Aragonés en total 4.544.000 euros”.

Además, en el convenio de 2009 se garantizaba un tren directo entre Huesca-Zaragoza-Teruel y Valencia, como contraprestación, algo que ha desaparecido en el convenio de 2014. También hemos señalado que en el convenio de 2009 se contemplaban penalizaciones cuantificadas por cada servicio suprimido, entre otras, algo que  en 2014 se ha transformado en algo tan indefinido como “incidencias”.

En este sentido, desde el PSOE Teruel hemos indicado que “parece que este convenio haya sido firmado por el enemigo, y supone una verdadera bajada de pantalones por parte de Rudi y Alarcón ante Renfe”.

Hemos establecido una comparativa en la inversión del Gobierno del PP en ferrocarril en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Así, mientras en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 el Gobierno contempla invertir en la Comunidad Valenciana 350 millones de euros, en la Comunidad de Aragón contempla sólo 2,5 millones de euros, lo que “demuestra que Fabra le ha ganado la partida a Rudi, y que la Presidenta Rudi no pinta nada en Madrid”.

            Tiempos de viaje

Igualmente, hemos ofrecido algunos ejemplos de las consecuencias de esa falta de inversión del Gobierno de Rajoy en la línea ferroviaria, en cuanto a los tiempos de viaje. Así, el tiempo de viaje en enero de 2013 entre Zaragoza y Teruel con un Tren 18511, era de 2 horas, pasando a ser en noviembre de 2014, de 2 horas y 30 minutos. O el tiempo de viaje entre Valencia y Teruel en Enero de 2013 con un Tren 14530 era de 2 horas y 40 minutos, pasando a ser en noviembre de 2014 de tres horas y 10 minutos.

Frente a estas realidades, hemos recordado las declaraciones del PP de Teruel en julio de 2013 en la prensa. Así, Carlos Muñoz afirmaba que “el Gobierno de Aragón apuesta por el tren”, y que el PP estaba comprometido con la electrificación de la línea entre Teruel y Zaragoza. Sin embargo, la inversión por el PP ha sido nula, tras haber invertido el Gobierno del PSOE 300 millones de euros en la línea Teruel-Zaragoza.

Consecuencias

Las consecuencias de la desinversión del Gobierno de Rajoy están siendo que la línea tiene menos viajeros, menos tráfico de mercancías, menos frecuencias, cierre de estaciones y peores trenes. El Partido Popular ha abandonado por completo el proyecto del Eje Cantábrico-Mediterráneo, a pesar de las declaraciones del alcalde de Teruel diciendo que iba a promover una reunión de alcaldes a favor de este eje, con el tiempo se ha demostrado que fue solamente un brindis al sol.

En este sentido, hemos criticado que el alcalde de Teruel y Senador “no ha movido ni un solo dedo para mejorar la situación de la línea ferroviaria”. En cuanto a la Presidenta Rudi, hemos indicado que “los turolenses analizarán todos los agravios que ha cometido al frente del Gobierno de Aragón hacia esta provincia, con recortes en Educación, Sanidad y Dependencia, y el abandono total de las inversiones en la línea ferroviaria por el Gobierno de Rajoy”.

En cuanto a la solicitud de financiación para el Cantábrico-Mediterráneo a la Unión Europea por parte del Gobierno, hemos señalado que “se trata de una broma pesada, ya que han pedido solamente 2,5 millones de euros para esa línea, pero les sirve para justificar que han hecho algo con esa solicitud, es como dijeron los empresarios valencianos ayer, un auténtico escándalo”.

 

El PSOE combatirá la "Ley Mordaza" en todos los frentes.

“El PSOE combatirá la Ley Mordaza en todos los frentes, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”. Así lo he expresado como Diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, respaldando de esta manera las recientes declaraciones del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo demuestra que el Gobierno tiene miedo de los ciudadanos, es la única razón que ampara esta Ley, porque la Policía sólo actuó en menos del 1 por mil en manifestaciones en 2013, sólo el 0,2% de los ciudadanos cree que la inseguridad ciudadana es un problema importante para España según el CIS, y el 67% afirma que esta nueva Ley limita el derecho de manifestación y reunión, según datos aportados por Metroscopia.

El propio Ministro del Interior reconoce que España es el séptimo país más seguro, y el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, que en la provincia de Teruel, entre los años 2009 a 2013, tan sólo ha habido una multa por manifestación, que concretamente se produjo en el año 2012.

Las únicas razones del Gobierno de Rajoy para esta Ley de Seguridad Ciudadana son políticas e ideológicas, como servir de coartada para frenar el malestar social por sus brutales recortes, o cambiar el modelo, estableciendo un régimen sancionador no controlado por jueces.

El Partido Popular, con la excusa de la crisis, recortó derechos y ahora con la excusa de la seguridad, va a recortar libertades políticas y civiles, siguiendo el sueño ideológico de la derecha de multas desorbitadas a imagen de Leyes que nos retrotraen a tiempos pasados, nada democráticos, y con poder para los delegados del Gobierno como el de los gobernadores civiles de aquel entonces.

Por eso, la hemos calificado de “intentona antidemocrática, que responde al miedo del Gobierno del PP a la libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación y de información”.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana se convierte en una “ley mordaza” y de represión ciudadana, porque impide que los ciudadanos protesten y que ejerzan sus derechos constitucionales. A todo ello se suma el hecho de que recurrir la multa supondrá el pago de tasas judiciales, llegando hasta 2.000 euros, y que las multas se podrán cobrar por embargo de cuenta.

Entre los efectos de la nueva Ley, hemos indicado que “la Ley mordaza permitirá controles de identidad arbitrarios y redadas preventivas, y limitará el derecho de huelga. Sin duda, podemos afirmar que la desproporción es la principal característica que da cuerpo a esta Ley”.

También hemos explicado las multas que contempla la nueva Ley. Así, las muy graves, irán de entre 30.000 a 600.000 euros, por manifestarse en las inmediaciones de una central nuclear sin comunicarlo o en un aeropuerto, o frente a una instalación de Radio Televisión Española.

Y las graves irán de entre 600 a 30.000 euros, por impedir pacíficamente un desahucio, “por protestas que perturben actos públicos o solemnes, por escraches pacíficos, o por concentrarse delante de una sucursal bancaria”. Las multas leves irán de entre 100 a 600 euros, por desplegar una pancarta en un edificio público, por una mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola.

Frente a todo esto, el PSOE “frenará esta Ley mordaza, la recurriremos al Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”.

 

 

Por una reforma de la Constitución.

Treinta y seis años después de la vigencia de nuestra Constitución, que ha sido el pacto de convivencia más fructífero de cuantos ha conocido la historia de nuestro país, conviene reflexionar sobre la conveniencia o no de su reforma.

Hoy España es un país radicalmente diferente de aquél de 1978, año en el que tras superar una dictadura de cuarenta años, España despertó a la modernidad, al crecimiento económico, a la concordia entre los españoles y a un acercamiento a Europa que era como decir a la paz de los pueblos, a la cultura y al progreso.

Ayer éramos un país cerrado a nosotros mismos, hoy abierto a Europa y al mundo, ayer un país atrasado tecnológicamente, hoy equiparados al resto en nuevas tecnologías y en los mayores avances científicos, ayer un país acostumbrado al caciquismo y a la inquisición, hoy ilustrado, democrático y plural. Ese cambio experimentado hace necesario adaptar nuestras Instituciones a los nuevos tiempos, a nuevas formas de concebir la democracia y la participación en los asuntos públicos, a una concepción diferente de entender nuestras relaciones con el exterior.

Quienes vivimos, desde nuestra juventud, el ímprobo esfuerzo para pactar un texto constitucional que conjugara las aspiraciones de unos y las frustraciones ajenas creemos que ha llegado el momento de renovar ese pacto de ciudadanía para ayudarnos a crear un nuevo marco de convivencia  como valor supremo que, entre todos, tenemos que preservar.

Si hay que apelar al sentido de Estado de quienes desde el más rancio inmovilismo no quieren tocar ni una coma en respuesta a los retos territoriales, sociales, y económicos que aparecen hoy en España, tenemos la obligación de hacerlo, porque desde el inmovilismo no se da respuesta ni a los problemas de los territorios que consideran que el Gobierno  popular actúa desde un neocentralismo difícilmente comprensible, ni tampoco a quienes creen que la corrupción ha socavado los cimientos del Estado, o a aquellos que demandan una reforma de la política y de los partidos políticos. Pero si hay que frenar los ímpetus irracionales de aquellos que para pasar cuentas del pasado quieren hacer tabla rasa de aquello que tanto nos costó pactar, también tendremos que hacerlo.

Los socialistas defendemos nuestra Constitución y su mejor defensa es abogar por reformarla. Una reforma que abarcaría nuevos derechos sociales y civiles, entre los que destaca la constitucionalización de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que ningún gobierno, como el actual, pueda hacer recortes que dejen en los huesos el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos conseguido.

Una reforma que adecúe el Estado de las Autonomías hacia un Estado Federal en el que las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado sean claras, en la que se dé un nuevo papel a un Senado con graves carencias, en la que se plasmen unas reglas de financiación para las autonomías  que no estén al albur de los Gobiernos cada cinco años y en la que se reformule el papel de los municipios y su financiación para que, de verdad, los municipios como entidad más próxima al ciudadano tengan verdadera autonomía y capacidad para prestar los servicios básicos.

 Y, finalmente, una reforma para mejorar nuestra democracia. La supresión de los aforamientos, la tasación de los indultos, el control de los representantes públicos o el funcionamiento de los partidos políticos y los sindicatos y la patronal que deben responder a los principios de transparencia y democracia, o una nueva forma de elección de los órganos constitucionales con criterios de mérito y capacidad y no de afinidad a los grupos políticos.

En definitiva, las tres crisis que hoy padece España, la institucional, la social y la económica, requieren una reforma a fondo del texto constitucional que nos permita renovar ese pacto de convivencia que nos ha llevado, no lo podemos olvidar, al mayor periodo de tiempo de paz y de progreso económico y social de los que nunca los españoles han gozado. No arruinemos este bien mayor ni por prejuicios inmovilistas ni por ansias constituyentes que no han resuelto nunca ningún problema. Sólo una reforma estudiada y pactada puede ser útil para otro largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles.