La crisis económica ha
servido como excusa para que el Gobierno comenzara una contrarreforma
legislativa sobre aspectos esenciales de la convivencia que, sin duda, suponen
un recorte de las libertades públicas, de los derechos individuales y
colectivos y de derechos económicos y sociales que habían devenido normales
desde la aprobación de la Constitución.
Hemos advertido
reiteradamente que nada tenía que ver con la crisis la reforma educativa y la
implantación de la Religión en los currículos escolares , nada tiene que ver
con la crisis la reforma de la ley del Aborto que nos retrotrae al siglo XIX y
condena a las mujeres a que otros dispongan sobre lo que tienen que hacer con
su maternidad y nada tiene que ver con la crisis económica la modificación del
Código Penal, o la nueva ley de Seguridad Privada o la Ley Orgánica de Protección
de la Seguridad Ciudadana. O tal vez sí. O tal vez el relato socioeconómico de
la derecha que nos gobierna se base en una estrategia que supone tomar medidas
gravísimas que afectan a las clases medias y bajas, que empobrecen a amplias
capas de la sociedad que se ven condenadas a protestar cuando no a delinquir
para poder comer. Y contra esas actitudes de protesta, del ejercicio legítimo a
la manifestación, de delincuencia menor propiciada por el hambre, se lanza una
batería de normas legales que afectan directamente al pacto social que nos ha
permitido convivir pacíficamente durante más de treinta años.
De este modo podrán comprobar cómo la Ley de
Seguridad Privada prevé, entre otras pequeñas cosas, que empresas privadas de
seguridad que pueden ser extranjeras pueden disolver manifestaciones. O sea que
pueden venir fornidos muchachos de los Países Bajos a lavar la afrenta del
asesinato del conde de Edmond por el duque de Alba en el costillar de maestros
que están reclamando por sus contratos en una administración, como dice el
profesor Alvarez García. Una ley construida sobre el principio de la
sustitución de la seguridad pública por la privada y por una demonización de
las manifestaciones.
Y qué decir de la
modificación del Código Penal, un anteproyecto del que hablan mal hasta los
expertos que comparecen en el Congreso a propuesta del PP. Un proyecto que se
engancha en las medidas penales aprobadas en la Alemania nacionalsocialista y
alguna de cuyas perlas es la “prisión permanente revisable”, un concepto
que aúna el populismo con el autoritarismo propio del franquismo , que vulnera
el art. 9 y el 25 de la Constitución, que constituye un trato inhumano para el
reo y que afecta a la reinserción y la rehabilitación, elementos sustantivos de
la doctrina constitucional penal en España. Si les parece poco esto revisen el
concepto de “libertad vigilada” para la disidencia política y social que
nos vincula con la vieja ley de vagos y maleantes y con la de peligrosidad y
rehabilitación social y terminarán por preguntarse si esto es cosa de locos o
de fascistas.
Por si no tienen
suficiente con esto, repasen, queridos lectores, la conversión de faltas en delitos
y comprobarán el ataque a los que no tienen recursos frente a la cuasi
impunidad de los delitos económicos o también llamados de cuello blanco y así
podrán convencerse de que en esta sociedad donde cada vez hay más pobres es
muy mala cosa ser pobre, sobre todo si
tienen la tentación de ampararse bajo la protección de este Gobierno.
