jueves, 20 de noviembre de 2014

Un cambio seguro.


España vive tiempos convulsos. A la grave crisis económica y social que venimos sufriendo durante mucho tiempo, se une la crisis política y una crisis territorial derivada del pulso que los nacionalistas e independentistas han echado al Estado.

Hacer frente a estos retos mayúsculos es tarea difícil, pero empeño inexcusable del Gobierno, de las fuerzas políticas de oposición y de la sociedad española.

Hay quienes creen que los problemas de España se resuelven desde el inmovilismo, la imagen gráfica del Rajoy fumando un puro sería el símbolo de una forma de enfrentar los problemas que no conduce a ninguna parte. Del inmovilismo sólo se deriva la gangrena de problemas irresueltos sine die.

Otros creen que la respuesta a los problemas de España es la ruptura.

La ruptura con un modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978 y que ha hecho que esta España haya vivido la más larga etapa de paz, progreso y prosperidad que jamás hayamos conocido. Si, digo la más larga  etapa de paz, progreso y prosperidad que a lo largo de la historia hayamos vivido. Algo nada despreciable si aceptamos que los españoles fueron testigos, en otras etapas históricas, de cruentas guerras civiles, de un país de miseria y pobreza donde se instaló en la memoria colectiva la imagen de charanga y pandereta que define muy bien la percepción que los españoles tenían de sí mismos. Nada es pues susceptible de no repetirse si nos empecinamos en ello.

Los socialistas creemos que la sociedad española exige un cambio sustancial, un cambio para el que una reforma de nuestro marco de convivencia es inexcusable.

Reformas para adecuar nuestra Constitución a un país que es radicalmente diferente a aquel del 78. Una reforma que renueve el marco de convivencia entre los españoles a través de un nuevo pacto con la sociedad que ha quedado laminado después de esta maldita crisis.

Una reforma para blindar los derechos públicos básicos, como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

Una reforma que nos concilie con nosotros mismos, que modifique conductas, instituciones, derechos, deberes y valores que nunca debimos perder. Voy a poner algunos ejemplos básicos que se convierten en necesidades imperiosas.

España está hoy plenamente integrada en la Unión Europea y este hecho no está reconocido en la Constitución, ni tampoco el marco de relaciones con Europa que supone una transferencia de soberanía evidente.

El mundo de internet ha hecho de nuestra sociedad una sociedad sustancialmente diferente a la del 78. La adaptación de instituciones, de las relaciones sociales, los comportamientos democráticos en forma de una nueva representatividad o el marco institucional actual requiere de una reforma radical porque así lo exige la ciudadanía.

Los partidos políticos como elementos sustanciales del sistema democrático deben adaptar su funcionamiento a los requerimientos sociales, en transparencia, en democracia interna, en apertura a la sociedad y en el control democrático por parte de  la ciudadanía. Y, finalmente, el Estado de las Autonomías, que gestiona los servicios que más aprecian los ciudadanos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tiene que evolucionar hacia el federalismo. ¿Qué significa esto? Que el sistema competencial debe quedar claro y definido para evitar duplicidades injustificadas, que el sistema de financiación debe constitucionalizarse y garantizar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan , que el Senado no puede ser una Cámara de segunda lectura sino una institución que sirva para ahormar las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Que existan elementos de cooperación como los hay en los Estados Federales, en Estados Unidos o en Alemania y que, definitivamente, las entidades locales dispongan de autonomía financiera mediante un marco económico seguro y estable. Pero hay que cambiar también los órganos constitucionales básicos sobre todo en el nombramiento de sus miembros, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Judicial para descolonizarlos de los partidos políticos.

Esta es la parte sustancial de  nuestra propuesta y las concreciones las dejamos para el debate que debe realizarse ya entre los diversos actores. A Rajoy le parece inconcreto, pero lo concreto es su incapacidad para pactar con las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de financiación. A  otros les parece sencillamente irrelevante porque lo suyo es un nuevo pacto constituyente del que, este sí, ni sabemos dónde empieza ni donde nos quiere llevar.

España necesita un cambio y la garantía de un cambio seguro pretende liderarla el PSOE, aunque haya quienes piensen que hay que pasar cuentas con el pasado y esas cuentas empiecen por sustituir al PSOE por radicalismos de izquierdas o veleidades populistas que tanto empiezan a arraigar, lamentablemente, en nuestra sociedad.

 Ya hace tiempo hubo un iluminado que intentó terminar con los socialistas a través del “sorpasso”, es decir, la unión de la izquierda marginal con la derecha política. Y aquí seguimos, aguantando la tempestad  por si quienes se consideran adeptos de aquél iluminado quisieran embestir, en vez de pensar que una alternativa a las recetas de la derecha sólo pasa por una alternativa de izquierdas en la que el PSOE, aunque les cueste digerirlo seguirá siendo  sencillamente indispensable, por el bien de nuestro país y de las generaciones venideras.

 

viernes, 7 de noviembre de 2014

¡A las barricadas!


Ciertamente que la situación socioeconómica es tan delicada que algunos piensan que la salida a la actual crisis no pasa por la reforma sino por la revolución. Mas no es en la revolución en lo que pensaba el Alcalde de Teruel y Senador D. Manuel Blasco cuando hace muy pocos años, en el Gobierno de Zapatero, se dirigía a los turolenses incitándoles a la confrontación al grito de ¡a las barricadas! (Ahí están las hemerotecas que no me dejaran por mendaz). Y lo hacía en unos años en los que la economía crecía a ritmos del 3% del PIB, que el paro estaba en el 7%,  las inversiones del Estado en Teruel rondaban los 300 millones de euros/año y la población  crecía en 10.000 habitantes más.

Lo hacía cuando se estaba desarrollando el Aeródromo de Caudé, al que tachaba  de "chatarrería", cuando al Polígono de Platea lo calificaba de "campo de cebada", y a la Ciudad del Motor de Alcañiz, ni siquiera mentaba, por estar fuera de su "jurisdicción". Lo hacía cuando el Proyecto del Hospital de Teruel estaba hecho y con licencia municipal y lo hacía cuando se estaban invirtiendo en el tren entre Teruel y Zaragoza más de 200 millones de euros.

Ayer asistimos a un ejercicio de filibusterismo en el Ayuntamiento de Teruel, cuando para diluir cuatro Mociones  de los socialistas para impulsar a los Gobiernos de Aragón y Central en estos asuntos, no hicieron sino un copia y pega de otras cuatro mociones de igual contenido que no tenían más sentido que torpedear las iniciativas de la oposición. No están los tiempos para juegos ni mucho menos para trileros.

¿Qué pretendían las iniciativas del Grupo Municipal Socialista? Veamos.

En la primera se insta al Gobierno a invertir en el mantenimiento y mejora de la línea de ferrocarril entre Zaragoza-Teruel-Valencia, mejorar los horarios, poner a la venta billetes promocionales, contar con unidades de tren modernas y en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Si vemos los Presupuestos de estos cuatro años, las cantidades consignadas para esta línea ferroviaria están entre los 50.000€ y los 100.000€, es decir, cifras ridículas y de relleno que impiden cualquier desarrollo del proyecto, un proyecto del que lo único y esencial que conocemos es que el Gobierno ni hace ni quiere hacer. Así, para el gobierno del PP las actuaciones de primer nivel en materia ferroviaria son: LAV Madrid-Levante, Corredor Mediterráneo, Eje Atlántico, LAV Madrid-Galicia, Corredor Norte, LAV Madrid-Extremadura y LAV Sevilla-Cádiz (Contestación a preguntas del GPS de fecha 12/12/2013). Es decir, nada del corredor Cantábrico-Mediterráneo. ¿A quiénes quiere engañar el Senador y Alcalde de Teruel? Ya que se engañó a sí mismo cuando declaró que concitaría el consenso de los Alcaldes del PP de la línea Sagunto-Vitoria y todavía estamos esperando el resultado de ese compromiso que sería un nuevo compromiso de Caspe, en materia ferroviaria, ¡claro!, lo que no vamos a consentir es que nos engañe más a los turolenses, porque ni somos tontos ni queremos parecerlo.

 La segunda iniciativa es una moción por la que se insta al Gobierno de Aragón a iniciar con rapidez el Hospital de Teruel. Tras tres años donde hemos sido el hazmerreir de España con la insistencia en el riesgo sísmico y después de que los mapas del propio Gobierno de Aragón demuestren que Teruel no es una zona de riesgo, hemos modificado un Proyecto que costará 10 millones de euros más, eso es lo garantizado, lo que no es seguro es que el Hospital empiece su construcción. Veremos.

La tercera es una moción sobre la despoblación. Incapaces de convencer a su gobierno de la especificidad de nuestro territorio y a la espera de que voten en los Presupuestos una enmienda de los socialistas por la que se iniciará una Inversión Territorial Integrada en Teruel, Soria y Cuenca, no se sonrojan de reírse  de todos para aprobar la misma iniciativa que, ¡ojalá me equivoque! van a votar en contra, en el Congreso.

Y, finalmente, una moción sobre violencia de género que  constituye una gran tragedia para una sociedad que quiere llamarse civilizada aunque saque lo peor de sí misma en estas circunstancias.

Lo curioso del caso, una vez analizadas las iniciativas, es la reacción equidistante de quienes piensan que es igual quien legítimamente ejerce su derecho democrático a impulsar la acción del Gobierno que quienes, utilizando estrategias de un cinismo insuperable, utilizan el poder de la mayoría para impedir este impulso o el control de la acción de los gobiernos municipales. ¿Ha visto el Sr. Alcalde de Teruel, en el Senado, Cámara en la que tienen amplia experiencia, que la mayoría copie y pegue las propuestas de la oposición para contraponerlas en cualquier Pleno de control al Gobierno? Sencillamente, no. Allí se prodiga el ejercicio democrático de control y en el Ayuntamiento de Teruel se practica el ejercicio del banalismo, que conduce al final a la desidia y la desesperanza de los ciudadanos que asisten, atónitos, a ese espectáculo tan poco edificante.

Por todo ello me permito preguntarle al Alcalde de mi ciudad y Senador por Teruel si considera que, dadas las circunstancias que acontecen en nuestra tierra y la respuesta dada a estos y otros asuntos por el Partido Popular, es tiempo de que los turolenses vayan a las barricadas.