Ahí es nada, se pretendía,
en los primeros de los 28 borradores que ha tenido la ley, recortar la planta municipal española, nada
menos que 8.116 municipios, recortar el número de concejales, cerca de 70.000,
recortar los salarios de los Alcaldes , evitar duplicidades, acabar con las
llamadas competencias “impropias” y hacer sostenible una Administración que,
curiosamente, es la menos endeudada de España. Téngase en cuenta que la deuda
del Estado supone un 75% de la deuda de las Administraciones Públicas, la de
las Comunidades Autónomas supone el 20% y la de la Administración Local, un
4%. Lo paradójico del caso es que Montoro haya dicho que las únicas
Administraciones que han cerrado el ejercicio de 2012 con superávit han sido
las locales.
Pero bien,
admitiendo que la reforma de la Administración hay que llevarla a cabo, lo más
chocante es el discurrir de esta reforma.
Han creído los gobernantes del PP que la culpa de todos los
males económicos de España era de los Ayuntamientos, de unos Alcaldes y
concejales malgastadores, cuando no corruptos a los que había que “meter en
vereda”, sin parar a pensar que el 80% de los Alcaldes y Concejales no cobran
ni un céntimo y son el ejército de voluntarios que están pendientes de los
problemas de los demás. Creían que
existía una inflación de Administraciones locales que había que
“racionar” y cuyo resultado final ha sido dejar raquíticos a los Ayuntamientos,
engordar las Diputaciones y meter en un buen lío a las Comunidades Autónomas. ¡Buena
reforma, que más que reforma ha acabado en un reformatorio!
Ya que no pueden recortar administraciones, recortan en democracia. Los cargos
elegidos directamente por los ciudadanos dejan de prestar servicios porque les
quitan las competencias y los elegidos indirectamente pasan a ser los tenedores de las competencias. Por si
esto fuera poco, dejan los mismos niveles administrativos (entidades locales
menores, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, áreas metropolitanas,
comarcas, y diputaciones), pero recortan poderes a los Plenos para que el
Alcalde se convierta en el delegado del
Ministerio de Hacienda y pueda, aprobar Presupuestos, aprobar Planes de
Estabilidad, aprobar Planes de pago a proveedores etc., nada más y nada menos.
Eso sí bajo la atenta mirada de los Interventores municipales a los que han
convertido en la mayor maquinaria burocrática que ha existido nunca en la
Administración Local.
Recortan la autonomía municipal, en tanto que constriñen la
capacidad de autoorganización de los pequeños Ayuntamientos a los que someten a
una tutela vergonzante de las Diputaciones Provinciales y del propio Ministerio
de Economía , no garantizan que cada Administración se haga cargo de una
competencia , porque el abuso de las “delegaciones de competencias” es de tal
envergadura que las competencias impropias
por mor de este vericueto administrativo puede llegar de nuevo a los
Ayuntamientos a los que se han quitado, siempre que demuestren que pueden dar
los servicios con el coste efectivo que el Ministerio dictamine. Y a lo peor se
quedan en las Diputaciones que podrán prestarlas directamente o las privatizarán, es decir que algunos,
como ya hemos visto en Madrid con la privatización sanitaria harán de lo
público un pingüe negocio.
Han introducido eso
del coste
efectivo dando un paso atrás en la inicial configuración del coste estandar porque el propio Tribunal de
Cuentas ha dicho que los servicios más caros por habitante corresponden a
Madrid y Barcelona, es decir a las grandes ciudades y los más eficaces son los
municipios entre 2.000 y 50.000 habitantes.
¿Y qué me dicen de
las singularidades? Ahora compiten Rudi y Biel para ver quien es el padre,
la madre o la madrastra de esa Disposición Adicional Segunda que viene a decir
que en Aragón se tendrá en cuenta el régimen especial de organización institucional,
es decir, que las competencias que la ley, por delegación, puede dar a las
Diputaciones, en Aragón, se gestionen por las comarcas. Es decir, nada nuevo
bajo el sol. ¿O es que alguien ha pensado que una ley ordinaria puede estar en
contra de una Ley Orgánica como es un Estatuto de Autonomía? ¿A qué viene
semejante autobombo?
Por cierto, les invito a que lean el Programa electoral del
PP de 2011, con el que la Sra. Rudi se presentó a las elecciones y comprobarán
cómo querían quitar el componente político a las comarcas. ¿Y, ahora, qué
hacen, darles más competencias? ¿Dónde ha quedado esa firmeza intelectual de
la que presume Rudi respecto al nuevo modelo institucional del PP?.
Pero lo más
preocupante no es quién tiene la competencia, lo esencial es si los ciudadanos
van a tener mejores servicios. Y nosotros les decimos que tendrán peores
servicios, más caros, cuando no que les suprimirán servicios. Así se expresa el
PP en los documentos que ha enviado a Bruselas donde habla de”suprimir” los
servicios sociales como garantía para ahorrar los 8.000
millones, que a eso vamos. Aquí no se trata de racionalizar, de lograr la
sostenibilidad, de duplicidades, de competencias impropias, se trata de gastar
8.000 millones menos. Pero como el ahorro de los municipios es gasto para las
comunidades autónomas y éstas no pueden asumirlo porque no controlan su
déficit, el resultado es claro: tasas más caras para los contribuyentes, cuando
no supresión de servicios. Más claro agua, esta es la esencia de esa rimbombante
contrarreforma que le ha llamado de “racionalización y sostenibilidad”, porque
de tanto racionar hará falta hacer algo más que encaje de bolillos para
sostener a los Ayuntamientos. Y en Aragón, señores, son más de 700
Ayuntamientos los que menguan, adelgazan y van a sufrir una anemia democrática, competencial y financiera que sufrirán los de siempre, los ciudadanos.
