El PSOE combatirá la "Ley Mordaza" en todos los frentes.

“El PSOE combatirá la Ley Mordaza en todos los frentes, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”. Así lo he expresado como Diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, respaldando de esta manera las recientes declaraciones del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo demuestra que el Gobierno tiene miedo de los ciudadanos, es la única razón que ampara esta Ley, porque la Policía sólo actuó en menos del 1 por mil en manifestaciones en 2013, sólo el 0,2% de los ciudadanos cree que la inseguridad ciudadana es un problema importante para España según el CIS, y el 67% afirma que esta nueva Ley limita el derecho de manifestación y reunión, según datos aportados por Metroscopia.

El propio Ministro del Interior reconoce que España es el séptimo país más seguro, y el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, que en la provincia de Teruel, entre los años 2009 a 2013, tan sólo ha habido una multa por manifestación, que concretamente se produjo en el año 2012.

Las únicas razones del Gobierno de Rajoy para esta Ley de Seguridad Ciudadana son políticas e ideológicas, como servir de coartada para frenar el malestar social por sus brutales recortes, o cambiar el modelo, estableciendo un régimen sancionador no controlado por jueces.

El Partido Popular, con la excusa de la crisis, recortó derechos y ahora con la excusa de la seguridad, va a recortar libertades políticas y civiles, siguiendo el sueño ideológico de la derecha de multas desorbitadas a imagen de Leyes que nos retrotraen a tiempos pasados, nada democráticos, y con poder para los delegados del Gobierno como el de los gobernadores civiles de aquel entonces.

Por eso, la hemos calificado de “intentona antidemocrática, que responde al miedo del Gobierno del PP a la libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación y de información”.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana se convierte en una “ley mordaza” y de represión ciudadana, porque impide que los ciudadanos protesten y que ejerzan sus derechos constitucionales. A todo ello se suma el hecho de que recurrir la multa supondrá el pago de tasas judiciales, llegando hasta 2.000 euros, y que las multas se podrán cobrar por embargo de cuenta.

Entre los efectos de la nueva Ley, hemos indicado que “la Ley mordaza permitirá controles de identidad arbitrarios y redadas preventivas, y limitará el derecho de huelga. Sin duda, podemos afirmar que la desproporción es la principal característica que da cuerpo a esta Ley”.

También hemos explicado las multas que contempla la nueva Ley. Así, las muy graves, irán de entre 30.000 a 600.000 euros, por manifestarse en las inmediaciones de una central nuclear sin comunicarlo o en un aeropuerto, o frente a una instalación de Radio Televisión Española.

Y las graves irán de entre 600 a 30.000 euros, por impedir pacíficamente un desahucio, “por protestas que perturben actos públicos o solemnes, por escraches pacíficos, o por concentrarse delante de una sucursal bancaria”. Las multas leves irán de entre 100 a 600 euros, por desplegar una pancarta en un edificio público, por una mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola.

Frente a todo esto, el PSOE “frenará esta Ley mordaza, la recurriremos al Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”.

 

 

Por una reforma de la Constitución.

Treinta y seis años después de la vigencia de nuestra Constitución, que ha sido el pacto de convivencia más fructífero de cuantos ha conocido la historia de nuestro país, conviene reflexionar sobre la conveniencia o no de su reforma.

Hoy España es un país radicalmente diferente de aquél de 1978, año en el que tras superar una dictadura de cuarenta años, España despertó a la modernidad, al crecimiento económico, a la concordia entre los españoles y a un acercamiento a Europa que era como decir a la paz de los pueblos, a la cultura y al progreso.

Ayer éramos un país cerrado a nosotros mismos, hoy abierto a Europa y al mundo, ayer un país atrasado tecnológicamente, hoy equiparados al resto en nuevas tecnologías y en los mayores avances científicos, ayer un país acostumbrado al caciquismo y a la inquisición, hoy ilustrado, democrático y plural. Ese cambio experimentado hace necesario adaptar nuestras Instituciones a los nuevos tiempos, a nuevas formas de concebir la democracia y la participación en los asuntos públicos, a una concepción diferente de entender nuestras relaciones con el exterior.

Quienes vivimos, desde nuestra juventud, el ímprobo esfuerzo para pactar un texto constitucional que conjugara las aspiraciones de unos y las frustraciones ajenas creemos que ha llegado el momento de renovar ese pacto de ciudadanía para ayudarnos a crear un nuevo marco de convivencia  como valor supremo que, entre todos, tenemos que preservar.

Si hay que apelar al sentido de Estado de quienes desde el más rancio inmovilismo no quieren tocar ni una coma en respuesta a los retos territoriales, sociales, y económicos que aparecen hoy en España, tenemos la obligación de hacerlo, porque desde el inmovilismo no se da respuesta ni a los problemas de los territorios que consideran que el Gobierno  popular actúa desde un neocentralismo difícilmente comprensible, ni tampoco a quienes creen que la corrupción ha socavado los cimientos del Estado, o a aquellos que demandan una reforma de la política y de los partidos políticos. Pero si hay que frenar los ímpetus irracionales de aquellos que para pasar cuentas del pasado quieren hacer tabla rasa de aquello que tanto nos costó pactar, también tendremos que hacerlo.

Los socialistas defendemos nuestra Constitución y su mejor defensa es abogar por reformarla. Una reforma que abarcaría nuevos derechos sociales y civiles, entre los que destaca la constitucionalización de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que ningún gobierno, como el actual, pueda hacer recortes que dejen en los huesos el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos conseguido.

Una reforma que adecúe el Estado de las Autonomías hacia un Estado Federal en el que las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado sean claras, en la que se dé un nuevo papel a un Senado con graves carencias, en la que se plasmen unas reglas de financiación para las autonomías  que no estén al albur de los Gobiernos cada cinco años y en la que se reformule el papel de los municipios y su financiación para que, de verdad, los municipios como entidad más próxima al ciudadano tengan verdadera autonomía y capacidad para prestar los servicios básicos.

 Y, finalmente, una reforma para mejorar nuestra democracia. La supresión de los aforamientos, la tasación de los indultos, el control de los representantes públicos o el funcionamiento de los partidos políticos y los sindicatos y la patronal que deben responder a los principios de transparencia y democracia, o una nueva forma de elección de los órganos constitucionales con criterios de mérito y capacidad y no de afinidad a los grupos políticos.

En definitiva, las tres crisis que hoy padece España, la institucional, la social y la económica, requieren una reforma a fondo del texto constitucional que nos permita renovar ese pacto de convivencia que nos ha llevado, no lo podemos olvidar, al mayor periodo de tiempo de paz y de progreso económico y social de los que nunca los españoles han gozado. No arruinemos este bien mayor ni por prejuicios inmovilistas ni por ansias constituyentes que no han resuelto nunca ningún problema. Sólo una reforma estudiada y pactada puede ser útil para otro largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles.