Sobre Cataluña y España

Cuentan quienes viven en Cataluña que el ambiente social se hace, día a día, irrespirable. Que la espiral de independentismo ha calado en la sociedad catalana hasta tal punto que se aprovecha cualquier acontecimiento público, bien sea político, cultural o deportivo para lanzar una soflama: ¡In-de-pen-den-cia!

Existe, lo queramos ver o no, un problema serio de encaje de Cataluña en España y bien haría Rajoy en darse cuenta que la táctica del avestruz no es, precisamente, la actitud más razonable para intentar solucionar este asunto.

 ¿Por qué hemos llegado hasta aquí si es cierto que los catalanes gozan de las mayores cotas de autogobierno que jamás hayan tenido? Las respuestas pueden ser variadas. A la crisis económica que golpea sin piedad a España y Cataluña se agarran quienes demagógicamente explican que con la independencia la salida de esta crisis sería más rápida y más justa. A la Sentencia del Tribunal Constitucional que recortó un Estatuto, refrendado por el pueblo catalán, se aferran otros y a la actitud frentista de quienes hacían mesas petitorias para luchar contra aquél Estatuto y campañas para no consumir productos catalanes apelan quienes buscan cualquier excusa para hacer del choque de trenes un hecho inevitable y de fatales consecuencias.

Existen pues un problema jurídico y otro político. Del jurídico ha dado cumplida cuenta el TC en su Sentencia contra la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013 que declara inconstitucional y nulo el principio de "soberanía" del pueblo catalán, aunque, a la vez declara constitucional la referencia al "derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña". Y de ahí parte el problema político, que consiste en dialogar para unir, en buscar la mejor forma de convivencia juntos antes que separados, porque juntos España es más y Cataluña es más y separado somos los dos pueblos menos y más débiles.

Visto de ese modo, el debate se pudo convertir en un diálogo de sordos entre un Presidente que niega el problema y un grupo de partidos nacionalistas que no ven otra salida que la ruptura, que la independencia. Y las dos soluciones son malas, las dos conducen a un callejón sin salida.

Los socialistas, que no somos nacionalistas, que luchamos por la igualdad y  la libertad de los pueblos, hemos dicho no a transferir al Parlamento de Cataluña la capacidad para poder hacer consultas sobre un asunto que compete a todos, a los catalanes  pero también al resto de ciudadanos de España. Por eso decidir sobre si los catalanes quieren hacer un Estado propio no es un derecho que tengan solo los catalanes sino todos los españoles. Claro que nos oponemos al "derecho a decidir" sobre la ruptura de España, porque sólo de eso hablamos, hablamos de la intención de hacer una consulta con carácter vinculante para el Gobierno y la Generalitat que conduciría inevitablemente a la independencia de Cataluña y nosotros no queremos que Cataluña se independice de España.

Pero, a la vez, entendemos que existen posibilidades constitucionales para que los problemas de Cataluña puedan ser abordados desde el diálogo, la legitimidad democrática, la transparencia, la legalidad y la participación como dice la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Por tanto ¿se puede modificar la Constitución, para como dice Rodríguez de Miñon añadir una Disposición Adicional donde se blinde la lengua, la cultura, la financiación catalana? Sí, es una solución. Se puede modificar la Constitución para  avanzar en un Estado federal. Claro que sí. En los países federales como Alemania o Estados Unidos, las constituciones dicen qué competencias corresponden al Estado y el resto las envían a las Comunidades Autónomas y eso evita la conflictividad competencial, razón a la que acuden los que quieren recentralizar. Pero con este sistema también se evita que el Estado entre en las competencias de las Comunidades Autónomas que es de lo que se queja Cataluña.

En definitiva nuestra propuesta se basa en una modificación de la Constitución en sentido federal, donde se toquen las competencias, el Senado o la financiación, un proceso que garantice a los españoles la igualdad  de derechos en relación con los servicios sociales básicos y una reforma que recoja las aspiraciones del pueblo de Cataluña y sus singularidades. En definitiva, como dijo Rubalcaba "una reforma constitucional que actualice nuestro pacto constituyente porque sin pacto no es posible ningún tipo de reforma. Esa es nuestra propuesta y así lo tienen que conocer los ciudadanos. La posición de Izquierda Unida-Iniciativa els Verds, la de CIU, Esquerra Republicana, CUP, PNV, BNG, Chunta Aragonesista, Amaiur o Compromís es otra, es la de quienes creen que el derecho de autodeterminación de los pueblos legitima a cualquier territorio para poder independizarse del Estado matriz y eso lo tienen que explicar en Cataluña pero también en el resto de los  territorios que componen España. Ahí quiero ver a Cayo Lara.