“El PSOE combatirá la Ley Mordaza en todos los frentes, la
recurrirá ante el Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención
de derogarla en la próxima legislatura”. Así lo he expresado como Diputado del
PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, respaldando de
esta manera las recientes declaraciones del Secretario General del PSOE, Pedro
Sánchez.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo
demuestra que el Gobierno tiene miedo de los ciudadanos, es la única razón que
ampara esta Ley, porque la Policía sólo actuó en menos del 1 por mil en
manifestaciones en 2013, sólo el 0,2% de los ciudadanos cree que la inseguridad
ciudadana es un problema importante para España según el CIS, y el 67% afirma
que esta nueva Ley limita el derecho de manifestación y reunión, según datos
aportados por Metroscopia.
El propio Ministro del Interior reconoce que España es el séptimo país más
seguro, y el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta
parlamentaria del Grupo Socialista, que en la provincia de Teruel, entre los
años 2009 a 2013, tan sólo ha habido una multa por manifestación, que concretamente
se produjo en el año 2012.
Las únicas razones del
Gobierno de Rajoy para esta Ley de Seguridad Ciudadana son políticas e
ideológicas, como servir de coartada para frenar el malestar social por sus
brutales recortes, o cambiar el modelo, estableciendo un régimen sancionador no
controlado por jueces.
El Partido Popular, con la excusa de la crisis, recortó derechos y
ahora con la excusa de la seguridad, va a recortar libertades políticas y
civiles, siguiendo el sueño ideológico de la derecha de multas desorbitadas a
imagen de Leyes que nos retrotraen a tiempos pasados, nada democráticos, y con
poder para los delegados del Gobierno como el de los gobernadores civiles de
aquel entonces.
Por eso, la hemos calificado
de “intentona antidemocrática, que responde al miedo del Gobierno del PP a la
libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación y de información”.
La
mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana se convierte en una “ley mordaza” y de
represión ciudadana, porque impide que los ciudadanos protesten y que ejerzan
sus derechos constitucionales. A todo ello se suma el hecho de que recurrir la
multa supondrá el pago de tasas judiciales, llegando hasta 2.000 euros, y que
las multas se podrán cobrar por embargo de cuenta.
Entre los efectos de la
nueva Ley, hemos indicado que “la Ley mordaza permitirá controles de
identidad arbitrarios y redadas preventivas, y limitará el derecho de huelga.
Sin duda, podemos afirmar que la desproporción es la principal característica
que da cuerpo a esta Ley”.
También hemos explicado las
multas que contempla la nueva Ley. Así, las muy graves, irán de entre 30.000 a
600.000 euros, por manifestarse en las inmediaciones de una central nuclear sin
comunicarlo o en un aeropuerto, o frente a una instalación de Radio Televisión
Española.
Y las graves irán de entre
600 a 30.000 euros, por impedir pacíficamente un desahucio, “por protestas que
perturben actos públicos o solemnes, por escraches pacíficos, o por
concentrarse delante de una sucursal bancaria”. Las multas leves irán de entre
100 a 600 euros, por desplegar una pancarta en un edificio público, por una
mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola.
Frente a todo esto, el PSOE “frenará esta Ley mordaza, la recurriremos al
Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en
la próxima legislatura”.
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