Por una reforma de la Constitución.

Treinta y seis años después de la vigencia de nuestra Constitución, que ha sido el pacto de convivencia más fructífero de cuantos ha conocido la historia de nuestro país, conviene reflexionar sobre la conveniencia o no de su reforma.

Hoy España es un país radicalmente diferente de aquél de 1978, año en el que tras superar una dictadura de cuarenta años, España despertó a la modernidad, al crecimiento económico, a la concordia entre los españoles y a un acercamiento a Europa que era como decir a la paz de los pueblos, a la cultura y al progreso.

Ayer éramos un país cerrado a nosotros mismos, hoy abierto a Europa y al mundo, ayer un país atrasado tecnológicamente, hoy equiparados al resto en nuevas tecnologías y en los mayores avances científicos, ayer un país acostumbrado al caciquismo y a la inquisición, hoy ilustrado, democrático y plural. Ese cambio experimentado hace necesario adaptar nuestras Instituciones a los nuevos tiempos, a nuevas formas de concebir la democracia y la participación en los asuntos públicos, a una concepción diferente de entender nuestras relaciones con el exterior.

Quienes vivimos, desde nuestra juventud, el ímprobo esfuerzo para pactar un texto constitucional que conjugara las aspiraciones de unos y las frustraciones ajenas creemos que ha llegado el momento de renovar ese pacto de ciudadanía para ayudarnos a crear un nuevo marco de convivencia  como valor supremo que, entre todos, tenemos que preservar.

Si hay que apelar al sentido de Estado de quienes desde el más rancio inmovilismo no quieren tocar ni una coma en respuesta a los retos territoriales, sociales, y económicos que aparecen hoy en España, tenemos la obligación de hacerlo, porque desde el inmovilismo no se da respuesta ni a los problemas de los territorios que consideran que el Gobierno  popular actúa desde un neocentralismo difícilmente comprensible, ni tampoco a quienes creen que la corrupción ha socavado los cimientos del Estado, o a aquellos que demandan una reforma de la política y de los partidos políticos. Pero si hay que frenar los ímpetus irracionales de aquellos que para pasar cuentas del pasado quieren hacer tabla rasa de aquello que tanto nos costó pactar, también tendremos que hacerlo.

Los socialistas defendemos nuestra Constitución y su mejor defensa es abogar por reformarla. Una reforma que abarcaría nuevos derechos sociales y civiles, entre los que destaca la constitucionalización de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que ningún gobierno, como el actual, pueda hacer recortes que dejen en los huesos el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos conseguido.

Una reforma que adecúe el Estado de las Autonomías hacia un Estado Federal en el que las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado sean claras, en la que se dé un nuevo papel a un Senado con graves carencias, en la que se plasmen unas reglas de financiación para las autonomías  que no estén al albur de los Gobiernos cada cinco años y en la que se reformule el papel de los municipios y su financiación para que, de verdad, los municipios como entidad más próxima al ciudadano tengan verdadera autonomía y capacidad para prestar los servicios básicos.

 Y, finalmente, una reforma para mejorar nuestra democracia. La supresión de los aforamientos, la tasación de los indultos, el control de los representantes públicos o el funcionamiento de los partidos políticos y los sindicatos y la patronal que deben responder a los principios de transparencia y democracia, o una nueva forma de elección de los órganos constitucionales con criterios de mérito y capacidad y no de afinidad a los grupos políticos.

En definitiva, las tres crisis que hoy padece España, la institucional, la social y la económica, requieren una reforma a fondo del texto constitucional que nos permita renovar ese pacto de convivencia que nos ha llevado, no lo podemos olvidar, al mayor periodo de tiempo de paz y de progreso económico y social de los que nunca los españoles han gozado. No arruinemos este bien mayor ni por prejuicios inmovilistas ni por ansias constituyentes que no han resuelto nunca ningún problema. Sólo una reforma estudiada y pactada puede ser útil para otro largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles.