SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

 Por fín, y después de una tediosa tramitación parlamentaria, ha visto la luz del Real Decreto 344/2010, de 19 de marzo, por el que se amplía el ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de 10 de marzo de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias comunidades autónomas. ¡Albricias¡ y el Señor Gamón, diputado autonómico del PP sin dimitir. Han sido tantas las chapuzas, en forma de declaraciones, la testarudez ante la evidencia del Sr. Diputado, las ganas de socavar la credibilidad del Gobierno, la última vez, en rueda de prensa, de la que se hacen eco hoy los medios de comunicación, que, si tuviera verguenza torera, presentaría su dimisión.

¿Cómo es posible que un representante político del principal partido de la oposición lleve tanto tiempo intentando crear infundios, poner de los nervios a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por incendios y tormentas diciendo que Teruel no se tenia en cuenta en la normativa del Gobierno de la Nación sin que, hoy, descubierta su gran chapuza con la publicación en el BOE de todos los pueblos afectados no pida, al menos, disculpas públicas. ¿Cómo van a creer los ciudadanos en los políticos?. Cuando hay personas tan irresponsables, tan mal informados y con tan poca credibilidad, el arte de la política enflaquece y el crédito de los políticos mengua. Por eso Sr. Gamón, haga un favor a los ciudadanos y a la clase política. Ya que ha creado tanto infundio y tanta falsedad sólo le queda pedir perdón. En este asunto, como en tantos, los cargos públicos del PP no es que no hayan hecho nada, es que no les ha interesado nada. O sí, sólo les interesó la foto de la Sra. Rudi, después de producidos los incendios. Y, a partir de ahí, como dice el refranero: "una vez ida la liebre, palos a la cama". Ni se han preocupado sus compañeros de la tramitiación de la ley, ni usted, que retiró de las Cortes de Aragón una iniciativa cuando supo que Teruel entraba en la programación del Gobierno, han hecho otra cosa que dormitar unas veces y tergiversar las más. Para la próxima le deseo más acierto.

SUBIR EL IVA

 A nadie se le escapa que una subida de impuestos es una decisión impopular que no agrada, a primera vista, a nadie. Y, sin embargo, los impuestos son un instrumento en manos de los Gobiernos para reequilibrar la riqueza. Si pagan más los que más tienen y se benefician de los servicios públicos quienes menos tienen, éstos deberían ver con buenos ojos cualquier incremento impositivo. Pero las cosas no son así. Vivimos en un país donde nos han/hemos acostumbrado a pedir sin dar nada a cambio, a exigir derechos sin cumplir muchas obligaciones, y, después de más de treinta años de democracia, asumimos como necesidad que no como deber cívico la necesidad de pagar impuestos.

Ahora nos pasa con el IVA. Fuera de actitudes demagógicas como la de la marquesa que no duda en llamar a la insumisión con el descaro propio de una señorita mal criada que pone en solva la decisión mayoritaria del Parlamento, o la de su jefe Rajoy, que calla y otorga, porque no puede imponerse al sector más duro de la derecha española, lo cierto es que la obligación que tiene el Gobierno de reducir un déficit público que no podemos soportar por mucho tiempo ha obligado a subir un impuesto que, hoy, grava el consumo con el 16% sobre una media en los paises de nuestro entorno del 20%. Un impuesto cuya recaudación, como consecuencia de la caída de la economía, se ha visto reducido en un 35%. Con el incremento de dos puntos propuesto, un recibo de teléfono de 60 euros pasará a ser de poco más de 61, una prenda de ropa que hoy cuesta 45 euros constará unos céntimos más y un billete de autobús que cueste ahora 1 euro subirá un céntimo. Son, pues, subidas que aún modestas, permitirán ingresar más de 5000 milllones de euros con los que se pueden financiar más de 490.000 pensiones de jubilación anuales, más de 2 millones de Rentas Básicas de Emancipación para jóvenes, 827.000 prestaciones por atención a personas dependientes de máxima severidad durante 1 año o un tercio de la inversión pública y privada en I+D+i.

La derecha ha hecho de esta subida su caballo de batalla, en una actitud irresponsable que le lleva a adelgazar al Estado en la parte de los ingresos y, a la vez, a pedir, cada vez más gasto. Ver la viga en el ojo ajeno para no verla en el propio es algo común en Rajoy. Los socialistas suben los impuestos y el PP los baja. Pues no, los hechos y datos desmienten este eslogan. Allí donde gobierna el PP, véase la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento, hacen lo contrario de lo que predican. Madrid es la tercera Comunidad con mayor deuda en valores absolutos, su endeudamiento a 31 de diciembre de 2009 es de 11.576 millones, un 14% más que un año antes y el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de España con 6.762 millones de euros. Un buen ejemplo para saber la alternativa que representa la derecha. Por sus hechos los conoceréis.

CUERPO DE LEY, ALMA DE PACTO

La vicepresidenta 1ª del Gobierno compareció el martes pasado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para dar cuenta de las líneas generales de la pólítica en materia de personal que está llevando a cabo el Gobierno. Una comparecencia en la que quedó en evidencia la solidez, el sentido de Estado y la fiabilidad del Gobierno frente a la demagogia, la falta de rigor y el intento transmutar una política enfocada a modernizar la función pública para que la misma satisfaga el horizonte fundamental de "servicio a los ciudadanos", de un mejor servicio a la ciudadanía, dando un carácter esencial a lo público, en unos momentos en los que lo público pasa a ser la mano visible del Estado, en contraposición a esa mano invisible con la que algunos nos quieren gobernar. Cambiar la función pública de arriba abajo es el objetivo y ello será posible si hay acuerdo entre Gobierno, Sindicatos y Partidos Políticos, si hay diálogo y si hay concertación.

Con ese ánimo se acordaron en el ámbito de la Función Pública cincuenta medidas, en octubre de 2009, que respondían a la idea de la sostenibilidad de las cuentas públicas y la racionalización de las Administraciones Públicas. Así se acordó el pacto retributivo que incrementaba los salarios de los funcionarios públicos un 0,3% en 2010, que limitaba la tasa de reposición al 10% y que incrementaba la masa salarial un 4%. Y ese compromiso se va a cumplir porque los pactos están para ser cumplidos, como siempre ha sido según el cuerpo jurídico español y la costumbre de nuestro país. Ahora toca convocar la Mesa General de las Administraciones Públicas para que se consiga reducir órganos del sector público y Altos Cargos y ésto se haga no sólo en la Administración General del Estado sino también en el ámbito autonómico y local. Ejemplos como el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Valencia o de Murcia han de servir para huir de modelos donde la cooptación ha sido la regla y el ejercicio de mérito y capacidad la excepción, donde el incremento de personal de confianza ha sido exagerado y el incremento presupuestario en materia de personal es, sencillamente insostenible. Ejemplo, para decir dar ejemplo no ha dado mucho en esta materia el Partido Popular.