¿CUENTAS O CUENTOS?

El Ministro Montoro presentaba la semana pasada, con indisimulada euforia, los enésimos Presupuestos de la “consolidación de la recuperación”.

En términos generales preveía un crecimiento de la economía nacional de un 2 por ciento para 2015 pese a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y las perspectivas pesimistas de la zona euro.

Por el lado de los ingresos Montoro cree que en 2015 se ingresará lo mismo por impuestos que en 2007, el último año antes del estallido de la crisis, en el que había casi 2,5 millones más de personas trabajando. En aquel momento el PIB crecía al 3,2 por ciento, el gasto privado a tasas superiores al 3 y la tasa de paro llegaba a su suelo histórico situándose en el 8 por ciento. Cifras muy diferentes a las actuales en las que, según las previsiones del Gobierno, la demanda nacional crecerá un 1,8 por ciento, el consumo privado un 2,1 y la tasa de paro se quedará en casi un 23 por ciento, por encima del desempleo del 21,4% que hubo de media en el año 2011.

Ya hay expertos que dicen que los ingresos se han inflado en 10.000 millones de euros, lo que conllevaría recortes de ese tenor a lo largo del ejercicio si se quiere cumplir con el objetivo de déficit que nos marca la Unión Europea.

En el lado de los gastos, el recorte se quedaba en un 1 por ciento; se advertía que los funcionarios verán, de nuevo, congelar sus salarios por quinto ejercicio consecutivo, las pensiones se revalorizan el 0,25% aunque perderán un 0,50% de valor adquisitivo, mientras que la cobertura al desempleo sufre un “mordisco” reduciendo su presupuesto casi un 15%, hasta producir un ahorro de 4.100 millones.

Por primera vez, desde 2008, crece la inversión pública aunque sea unos raquíticos 300 millones de euros y la factura de los intereses de la deuda que alcanza ya el billón de euros permite un ahorro de 5.000 millones aunque llegue a la cifra de 35.000 millones.

Podemos dar alguna cifra más que significativa como el hecho de que el PIB crece  un 2,6 % como consecuencia de la creatividad de la Contabilidad Nacional que incluye actividades ilegales como la prostitución y las drogas, a instancias, conviene decirlo de la UE, pero sin incomodar tampoco la moral católica de la derecha española.

Me interesa extrapolar estos datos macro a nuestra provincia, a Teruel, que ha sufrido una hemorragia en forma de pérdida de población cercana a las 4.000 personas desde 2011 y cuya tasa de paro ha aumentado en cuatro años del 14,8% y 9.800 parados a los 13.300 parados y una tasa del 20,83% según la EPA del 2º trimestre de 2012.

Si las cuentas del Estado son cuentas y no son el cuento de la lechera tendremos que considerar que los parados de larga duración, de entre los 13.300, no percibirán prestación alguna y el resto verán mermadas sus retribuciones, que los más de 36.000 pensionistas de pensiones contributivas verán reducido su poder adquisitivo en un 0,5%, que los funcionarios que ejercen su labor en Teruel verán congelados, de nuevo, sus salarios y que el empleo no crecerá como consecuencias de las inversiones públicas porque éstas decrecen más del 1,54 mientras en España crecen un 14% y en Aragón un 7%.

A más a más, los agricultores ven cómo se modifican los mapas de aplicación de la PAC produciendo un agravio oneroso con respecto a las percepciones que recibirán los agricultores de Zaragoza y Huesca, calculándose pérdidas de un 15%, los mineros de Andorra ven con asombro cómo ENDESA va a dejar de garantizar el futuro de la térmica y las Cuencas Mineras se van despoblando, con unas inversiones para el Plan Miner de 10 millones en toda España, cantidad insuficiente para continuar con la reindustrialización de esta zona. Sólo faltaba el desastre de la gestión del ébola para que el turismo en España caiga previsiblemente y arrastre al turismo de interior, y de inversiones nada nuevo bajo el sol, es decir, cuatro años de sequía que contradicen al primo de Rajoy cuando decía que no había cambio climático. En inversiones, en Teruel, el cambio climático ha llegado en forma de grave sequía y desierto estructural.

Así que, si algún alto cargo del Gobierno afirmó que éstos eran unos Presupuestos de futuro, para Teruel el futuro se parece más a la sociedad de la chatarra que visualizan las pelis de la Guerra de las Galaxias que a una sociedad que necesita imperiosamente de lo público para poder avanzar.

Cuentas o cuentos qué más da, quédense con lo que quieran, lo cierto es que el optimismo que quiere irradiar el Gobierno se quedará en una nueva frustración de quienes quieren mirar al futuro con esperanza y no encuentran nada nuevo bajo el sol.

Mi discurso sobre la despoblación.

El problema de la despoblación y el envejecimiento es un problema estructural que afecta a España en su conjunto, pero en especial a zonas con características específicas que forman parte, en función de su baja densidad de población de lo que se denomina "desierto demográfico".

Es verdad que la propuesta del Gobierno de estudiar una estrategia global para analizar los efectos de la despoblación supone la constatación de que es éste un elemento fundamental  en lo que supone el mantenimiento del Estado del Bienestar e incluso un elemento fundamental a la hora de dibujar un futuro económico que se presenta incierto.

Existe sin duda un relación directa entre  la crisis económica y la pérdida de población, igual que existe una relación directa entre las respuestas que ha dado el gobierno para luchar contra la crisis económica, porque la pérdida de población no se produce de manera homóloga en todos los territorios, sino que existen un grave desequilibrio territorial que lleva a que la pérdida de población se produzca en la España interior, mientras que la costa mantiene una densidad de población muy por encima de los territorios de la meseta.

Ya lo indicó Gabriel Tortella, para quien está comprobado que existe una correspondencia entre el crecimiento poblacional y la modernización de la economía. En general, los países cuya población más que se dobló en el siglo XIX son aquellos cuya economía se industrializó.  Atentos pues a este elemento, la industrialización como elemento que hace crecer la población y la desinsustrialización, como fenómeno inverso hace decrecer la población.

En el siglo XX  se produce un movimiento, que continúa en nuestro tiempo y que deriva de la Edad Media que consiste en  el desplazamiento de la población española de norte a sur y la tendencia de la población a concentrarse en la costa mediterránea y atlántica-meridional. Es decir, se produce una dualidad entre las zonas costeras ricas y pobladas, con modernas comunicaciones y una España interior despoblada, con alto grado de ruralidad, donde, a excepción de Madrid, la industrialización se ha producido en las grandes ciudades y no en las poblaciones del mundo rural y donde las grandes infraestructuras  están todavía a la espera de su realización.

En el debate que se produjo en el Congreso en el mes de junio, hice mención a Ignatiev y a su libro fuego y Cenizas. En él expresaba la situación de Canadá que bien puede parecerse a la nuestra y decía: " el país estaba dividido en dos tipos de lugares; aquellos en los que podías ganarte la vida en el mismo lugar en que creciste y aquellos de los que te tenías que marchar si querías tener oportunidades de una vida mejor".

Ésta es una desigualdad de la que nadie habla y el Grupo Socialista quiere hablar de ella. Porque no hay nada malo en dejar el lugar en el que uno nace  si eso es lo que se quiere, pero no parece justo que marcharse sea hoy la única opción para tanta gente. Y yo no quiero acusar al Gobierno de que no ataje la despoblación de las zonas más remotas, pero, sin duda, podía hacer algo más de lo que hace, o mejor podía hacer las cosas de manera bien diferente a como las hace.

Porque los desplazamientos de la población de las zonas remotas, del interior de España a la costa o bien a otros países no se produce porque los habitantes de esos territorios sean menos trabajadores que los de otros lugares, o sean menos inteligentes que los de otros sitios, se produce porque las condiciones geográficas, económicas, sociales y culturales no les permiten poder realizar su proyecto vital  allí donde desean.

¿Y qué puede hacer el Gobierno  para darle la vuelta a esta situación?, pues muchas cosas de las que no hace y otras que las hace al contrario de lo que aconsejaría una lucha rigurosa contra este fenómeno. Es decir, cambiar su política económica, abandonar la devaluación salarial, dejar de aumentar los impuestos y terminar con los recortes en sanidad, en educación en dependencia, y además, tomar medidas específicas para estos territorios, pensar que la especificidad de los mismos requiere acciones puntuales, rápidas y reales para que esa sangría poblacional se frene y, precisamente, a reconocer esta especificidad se refiere la enmienda que el Grupo Socialista presentó en el Congreso.

Quitar un médico en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Zaragoza va en detrimento de la calidad sanitaria que reciben los ciudadanos; amortizar una plaza de maestro en estos lugares merma, sin duda, la calidad educativa que reciben los niños en cualquier núcleo urbano, pero amortizar un médico o un maestro  en un pueblo supone el cierre del colegio o del centro de salud y tiene como consecuencia el abandono  a corto o medio plazo de esas poblaciones por parte de los habitantes que desean vivir en él, pero con unas condiciones que las circunstancias y las políticas públicas no le permiten.

Pagar los mismos impuestos en las zonas rurales que en las urbanas y ver aumentados  más de 40 de ellos en los tres últimos años o cobrar salarios de 400 euros, o ver cómo las percepciones por desempleo son menores y menor el tiempo de percepción es un grave problema en la ciudad y en los pueblos, pero en el mundo rural se condena a mucha gente a la subsistencia porque no hay alternativas de trabajo ni en cantidad ni en calidad.

 Es evidente que asistimos a un abandono de lo rural que nos enfrenta a nuevos riesgos ambientales y ecológicos de incalculables consecuencias. Y esto es lo que están haciendo los gobierno del PP en toda España, recortar y recortar condenando a muchos pueblos a cerrar escuelas, consultorios y a abandonar sus hogares.

¿En qué ayuda a asentar la población recortar los fondos de la minería en Aragón o Asturias o León? ¿En qué ayuda a asentar la población que el Gobierno haya aceptado una PAC que niega a los jóvenes que quieren ser un relevo generacional en la agricultura que no puedan cobrar los "derechos" de la PAC? ¿En qué ayuda a asentar la población el facilitar prácticas de fracking en las zonas más remotas y rurales que sufrirán las consecuencias  físicas de estas prácticas mientras van a comprobar cómo grandes multinacionales se llevan el valor añadido bruto de sus recursos endógenos?

 Estos son algunos ejemplos de lo que hace el Gobierno y nunca debería hacer si quiere equilibrar la distribución geográfica de la población en España.  Y, a sensu contrario, ¿por qué el Gobierno no impulsa planes con la ayuda de las grandes empresas para que éstas puedan ubicar sucursales en las zonas más despobladas? o ¿por qué el Gobierno no invierte más en infraestructuras en estas zonas, como lo demuestran los recortes de los últimos ejercicios presupuestarios?, o ¿porqué el Gobierno no ayuda para que las tecnologías de la información lleguen en las mismas condiciones al mundo rural que al urbano?, o ¿por qué el Gobierno  en vez de poner trabas a las ayudas a la reindustrialización, no ayuda a realizar programas en las zonas más deprimidas para que las empresas dispongan de mejores condiciones para asentarse en estas poblaciones?

Se puede debatir lo que se quiera sobre despoblación, se pueden estudiar todas las estrategias que sea necesario sobre un asunto complejo pero no es  literatura, que existe y amplia, lo que nos piden los ciudadanos afectados por este problema, lo que nos piden es acción.

 Lo que vislumbran los ciudadanos de Ávila,  Badajoz, Cáceres, Cuenca, Lugo, Ourense, Palencia, Segovia, Soria, Teruel o Zamora, que son las provincias con mayor pérdida de población desde 1950 hasta hoy, es que falta  voluntad política , lo que comprueban  cada día los pocos habitantes que quedan en estos lugares es que no existe es un Gobierno con sensibilidad para corregir los desequilibrios territoriales e implementar acciones para corregirlos, lo que no existe es liderazgo  para entender que un país no es país si no posibilita que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades sea donde sea el lugar en el que quieran residir.

Porque estamos hablando de eso, de desigualdad y este Gobierno no hace lo necesario para corregir las desigualdades entre los ciudadanos y entre los territorios. No es que no lo haga, es que esconde la cabeza debajo del ala cuando se trata de poner de acuerdo a las Comunidades gobernadas por el PP para hacer un nuevo sistema de financiación que debería tener en cuenta la despoblación como elemento de desigualdad.  Es que se niega a entender que sólo industrializando de nuevo España  solventaremos este problema, es que niega la especificidad de los territorios que han tenido por condiciones económicas, geográficas, culturales o sociales, peores oportunidades de desarrollo y, por tanto, necesitan que esa especificidad sea compensada con  mayores inversiones.

Por ello, el PSOE presentó una enmienda a la PNL del Grupo Popular en la que intentaba consensuar medidas para que el PP baje de las musas al teatro e implemente medidas concretas para la lucha contra la despoblación.

Termino recordando las Mocedades del Mío cid como ejemplo de la máxima que utiliza el Gobierno, en cualquiera de las políticas que ha venido desarrollando. Decía Guillen de Castro en las Mocedades: "Procure siempre acertalla, el honrado y principal, pero si acertare mal, defendella y no enmendalla".

Pues bien, el Gobierno acierta mal en sus políticas económicas y mal haría, en defendella  porque estamos a tiempo de enmendalla.

Mi intervención en el Pleno del Congreso, sobre despoblación:

"Sras y Sres Diputados: Me satisface de manera especial hablar en el Congreso de los Diputados de un asunto que afecta a muchos españoles de los territorios más remotos de nuestra geografía, de una circunstancia que constituye una preocupación para mucha gente y que debería de formar parte de las prioridades máximas de un Gobierno que se precie de estar cerca de los problemas de los ciudadanos.

Señorías, hace unos días tuve la oportunidad de acercarme a un libro publicado por Michael Ignatieff " Fuego y Cenizas", en el que el que fuera candidato liberal en Canadá allá por 2004 cuenta sus experiencias políticas  en la campaña electoral desarrollada en un país extenso y despoblado.

Decía Ignatieff: “que viajando por el país observó una división gigantesca e ignorada por completo. Era la división entre el mundo urbano y el mundo rural, el centro de las ciudades y los pueblos (...), lo metropolitano y lo remoto. El país estaba dividido en dos tipos de lugares: aquellos en los que podías ganarte la vida en el mismo lugar en que creciste y aquellos de los que te tenías que marchar si querías tener oportunidades de una vida mejor.

Esa parecía ser una desigualdad de la que nadie hablaba. (...)No hay nada malo en dejar el lugar en que naciste si eso es lo que quieres, pero no parecía justo que marcharse fuera la única opción para tanta gente. El Gobierno no podía atajar por sí solo la despoblación de las regiones remotas y rurales, pero sin duda podía hacer algo -invirtiendo en carreteras, colegios, conexión a internet- para permitir que aquellos que deseaban quedarse y sacar adelante una familia pudieran hacerlo".

¿Y cómo puede ser que un candidato en Canadá tenga la sensibilidad de poner en el primer orden de sus prioridades políticas la despoblación  y en España el Gobierno tenga tanta insensibilidad con este asunto?

Señorías, en Cuenca, en Soria, en Teruel o en otros territorios de España que han sufrido en los últimos siglos el éxodo de sus ciudadanos, éstos no se marcharon porque fueran menos trabajadores que los demás, porque fueran más torpes que los demás, porque tuvieran menos apego a su tierra que los demás, lo hicieron sencillamente porque no tuvieron oportunidades de desarrollarse como sí las tuvieron  las demás personas en otros lugares del país. Y por eso  la despoblación se convierte en otra cara más de la desigualdad.

Una desigualdad que se manifiesta en las diferencias de acceso a la educación, en el acceso a una sanidad, a la cultura, a la universidad. Una desigualdad que se manifiesta en las dificultades que tienen estos territorios para conectarse con las zonas urbanas más pobladas y más prósperas, una desigualdad que se manifiesta en un acceso a los servicios públicos más remoto y más difícil. Una desigualdad, en definitiva, que se visualiza en aquellos lugares en los que lo más próximo es el silencio y el silencio es la mejor señal de la "invisibilidad" en la que quedan los territorios que sufren el éxodo de sus ciudadanos.

Por eso no les sorprenderá que después de una crisis económica y social tan grave como la que tenemos de nuevo se alce la voz de los que sufren este fenómeno, de los que se convierten en "desplazados económicos", o "desplazados sociales" de los que emigran en busca de mejores oportunidades porque en sus territorios, allí donde les gustaría vivir no tiene oportunidades para hacerlo o de quienes se desplazan en busca de mejores servicios públicos porque en sus lugares de origen no existen o se les han quitado.

Por eso el Gobierno y el grupo Parlamentario Popular no debieran despachar este asunto con una " larga cambiada", sino que deberían tomarse la despoblación como un asunto de Estado. Y tratar esta lacra social como un asunto de Estado significa negociar con la UE que "la especificidad" de los territorios escasamente poblados sea combatida con recursos extraordinarios y con inversiones en infraestructuras que sean capaces de corregir los desequilibrios existentes.

No parece desmesurado  negociar con la UE que estas zonas escasamente pobladas que son un desierto demográfico reciban asignaciones como las del Norte de Europa y no parece desmesurado pedir que el Gobierno, junto a las Comunidades Autónomas, elaboren Planes de actuación específicos para ayudar a estos territorios, como no parece desmesurado pedir que  se mantengan los servicios públicos esenciales de educación, de sanidad, de servicios sociales en estas zonas desérticas, envejecidas y periféricas .

Señorías, cerrar una escuela en Teruel, en Cuenca o en Soria es condenar a un pueblo a la desaparición, cerrar un Centro de Salud o un Hospital en estas zonas es condenar a los habitantes de estos territorios a disponer de servicios más alejados y de más difícil acceso. Por eso, para que no haya desigualdades territoriales que lleven a desplazamientos sociales o económicos presentamos esta enmienda que queda defendida en sus propios términos.

Como decía Ignatieff, "Me convertí en el improbable candidato de la división entre lo urbano y  lo rural, la implacable geografía de las oportunidades que impide a tantas personas brillantes progresar a menos que emigren. Fue algo de lo que me di cuenta poco a poco, pero decidí que iba a luchar por un país donde la esperanza estuviera distribuida justamente, donde todos tuvieran una oportunidad de construirse una vida allí donde residieran".

Por eso queremos luchar también Señorías, estoy convencido, todos los Diputados y Diputadas que venimos de territorios "pequeños pero no invisibles" a los que todavía nos queda la esperanza de que los poderes públicos intervendrán,  de acuerdo a sus competencias, en trabajar por dar solución a un problema que no puede esperar, porque cualquier espera dejará sin esperanza a mucha gente que tiene el derecho de poder vivir con dignidad allí donde ha nacido o allí donde ha elegido vivir.

 No quiero terminar sin agradecer a los Diputados del Grupo Parlamentario Socialista por Cuenca y Soria, Sres. Sahuquillo y Lavilla sus aportaciones y su predisposición para que, en su nombre, defendiese yo esta enmienda de adición. Les quedo muy agradecido, y al Diputado Chesús Yuste por haber traído aquí esta iniciativa. A Udes. Señorías, muchas gracias por su paciencia y atención".