El PSOE combatirá la "Ley Mordaza" en todos los frentes.

“El PSOE combatirá la Ley Mordaza en todos los frentes, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”. Así lo he expresado como Diputado del PSOE en el Congreso por la provincia de Teruel, respaldando de esta manera las recientes declaraciones del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

 

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana sólo demuestra que el Gobierno tiene miedo de los ciudadanos, es la única razón que ampara esta Ley, porque la Policía sólo actuó en menos del 1 por mil en manifestaciones en 2013, sólo el 0,2% de los ciudadanos cree que la inseguridad ciudadana es un problema importante para España según el CIS, y el 67% afirma que esta nueva Ley limita el derecho de manifestación y reunión, según datos aportados por Metroscopia.

El propio Ministro del Interior reconoce que España es el séptimo país más seguro, y el propio Gobierno reconoce en una respuesta a una pregunta parlamentaria del Grupo Socialista, que en la provincia de Teruel, entre los años 2009 a 2013, tan sólo ha habido una multa por manifestación, que concretamente se produjo en el año 2012.

Las únicas razones del Gobierno de Rajoy para esta Ley de Seguridad Ciudadana son políticas e ideológicas, como servir de coartada para frenar el malestar social por sus brutales recortes, o cambiar el modelo, estableciendo un régimen sancionador no controlado por jueces.

El Partido Popular, con la excusa de la crisis, recortó derechos y ahora con la excusa de la seguridad, va a recortar libertades políticas y civiles, siguiendo el sueño ideológico de la derecha de multas desorbitadas a imagen de Leyes que nos retrotraen a tiempos pasados, nada democráticos, y con poder para los delegados del Gobierno como el de los gobernadores civiles de aquel entonces.

Por eso, la hemos calificado de “intentona antidemocrática, que responde al miedo del Gobierno del PP a la libertad de expresión, de reunión, de huelga, de manifestación y de información”.

La mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana se convierte en una “ley mordaza” y de represión ciudadana, porque impide que los ciudadanos protesten y que ejerzan sus derechos constitucionales. A todo ello se suma el hecho de que recurrir la multa supondrá el pago de tasas judiciales, llegando hasta 2.000 euros, y que las multas se podrán cobrar por embargo de cuenta.

Entre los efectos de la nueva Ley, hemos indicado que “la Ley mordaza permitirá controles de identidad arbitrarios y redadas preventivas, y limitará el derecho de huelga. Sin duda, podemos afirmar que la desproporción es la principal característica que da cuerpo a esta Ley”.

También hemos explicado las multas que contempla la nueva Ley. Así, las muy graves, irán de entre 30.000 a 600.000 euros, por manifestarse en las inmediaciones de una central nuclear sin comunicarlo o en un aeropuerto, o frente a una instalación de Radio Televisión Española.

Y las graves irán de entre 600 a 30.000 euros, por impedir pacíficamente un desahucio, “por protestas que perturben actos públicos o solemnes, por escraches pacíficos, o por concentrarse delante de una sucursal bancaria”. Las multas leves irán de entre 100 a 600 euros, por desplegar una pancarta en un edificio público, por una mesa petitoria o colocar una pegatina en una farola.

Frente a todo esto, el PSOE “frenará esta Ley mordaza, la recurriremos al Tribunal Constitucional y hemos manifestado nuestra intención de derogarla en la próxima legislatura”.

 

 

Por una reforma de la Constitución.

Treinta y seis años después de la vigencia de nuestra Constitución, que ha sido el pacto de convivencia más fructífero de cuantos ha conocido la historia de nuestro país, conviene reflexionar sobre la conveniencia o no de su reforma.

Hoy España es un país radicalmente diferente de aquél de 1978, año en el que tras superar una dictadura de cuarenta años, España despertó a la modernidad, al crecimiento económico, a la concordia entre los españoles y a un acercamiento a Europa que era como decir a la paz de los pueblos, a la cultura y al progreso.

Ayer éramos un país cerrado a nosotros mismos, hoy abierto a Europa y al mundo, ayer un país atrasado tecnológicamente, hoy equiparados al resto en nuevas tecnologías y en los mayores avances científicos, ayer un país acostumbrado al caciquismo y a la inquisición, hoy ilustrado, democrático y plural. Ese cambio experimentado hace necesario adaptar nuestras Instituciones a los nuevos tiempos, a nuevas formas de concebir la democracia y la participación en los asuntos públicos, a una concepción diferente de entender nuestras relaciones con el exterior.

Quienes vivimos, desde nuestra juventud, el ímprobo esfuerzo para pactar un texto constitucional que conjugara las aspiraciones de unos y las frustraciones ajenas creemos que ha llegado el momento de renovar ese pacto de ciudadanía para ayudarnos a crear un nuevo marco de convivencia  como valor supremo que, entre todos, tenemos que preservar.

Si hay que apelar al sentido de Estado de quienes desde el más rancio inmovilismo no quieren tocar ni una coma en respuesta a los retos territoriales, sociales, y económicos que aparecen hoy en España, tenemos la obligación de hacerlo, porque desde el inmovilismo no se da respuesta ni a los problemas de los territorios que consideran que el Gobierno  popular actúa desde un neocentralismo difícilmente comprensible, ni tampoco a quienes creen que la corrupción ha socavado los cimientos del Estado, o a aquellos que demandan una reforma de la política y de los partidos políticos. Pero si hay que frenar los ímpetus irracionales de aquellos que para pasar cuentas del pasado quieren hacer tabla rasa de aquello que tanto nos costó pactar, también tendremos que hacerlo.

Los socialistas defendemos nuestra Constitución y su mejor defensa es abogar por reformarla. Una reforma que abarcaría nuevos derechos sociales y civiles, entre los que destaca la constitucionalización de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que ningún gobierno, como el actual, pueda hacer recortes que dejen en los huesos el Estado del Bienestar que, entre todos, hemos conseguido.

Una reforma que adecúe el Estado de las Autonomías hacia un Estado Federal en el que las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado sean claras, en la que se dé un nuevo papel a un Senado con graves carencias, en la que se plasmen unas reglas de financiación para las autonomías  que no estén al albur de los Gobiernos cada cinco años y en la que se reformule el papel de los municipios y su financiación para que, de verdad, los municipios como entidad más próxima al ciudadano tengan verdadera autonomía y capacidad para prestar los servicios básicos.

 Y, finalmente, una reforma para mejorar nuestra democracia. La supresión de los aforamientos, la tasación de los indultos, el control de los representantes públicos o el funcionamiento de los partidos políticos y los sindicatos y la patronal que deben responder a los principios de transparencia y democracia, o una nueva forma de elección de los órganos constitucionales con criterios de mérito y capacidad y no de afinidad a los grupos políticos.

En definitiva, las tres crisis que hoy padece España, la institucional, la social y la económica, requieren una reforma a fondo del texto constitucional que nos permita renovar ese pacto de convivencia que nos ha llevado, no lo podemos olvidar, al mayor periodo de tiempo de paz y de progreso económico y social de los que nunca los españoles han gozado. No arruinemos este bien mayor ni por prejuicios inmovilistas ni por ansias constituyentes que no han resuelto nunca ningún problema. Sólo una reforma estudiada y pactada puede ser útil para otro largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles.

Un cambio seguro.

España vive tiempos convulsos. A la grave crisis económica y social que venimos sufriendo durante mucho tiempo, se une la crisis política y una crisis territorial derivada del pulso que los nacionalistas e independentistas han echado al Estado.

Hacer frente a estos retos mayúsculos es tarea difícil, pero empeño inexcusable del Gobierno, de las fuerzas políticas de oposición y de la sociedad española.

Hay quienes creen que los problemas de España se resuelven desde el inmovilismo, la imagen gráfica del Rajoy fumando un puro sería el símbolo de una forma de enfrentar los problemas que no conduce a ninguna parte. Del inmovilismo sólo se deriva la gangrena de problemas irresueltos sine die.

Otros creen que la respuesta a los problemas de España es la ruptura.

La ruptura con un modelo de convivencia que nos dimos los españoles en 1978 y que ha hecho que esta España haya vivido la más larga etapa de paz, progreso y prosperidad que jamás hayamos conocido. Si, digo la más larga  etapa de paz, progreso y prosperidad que a lo largo de la historia hayamos vivido. Algo nada despreciable si aceptamos que los españoles fueron testigos, en otras etapas históricas, de cruentas guerras civiles, de un país de miseria y pobreza donde se instaló en la memoria colectiva la imagen de charanga y pandereta que define muy bien la percepción que los españoles tenían de sí mismos. Nada es pues susceptible de no repetirse si nos empecinamos en ello.

Los socialistas creemos que la sociedad española exige un cambio sustancial, un cambio para el que una reforma de nuestro marco de convivencia es inexcusable.

Reformas para adecuar nuestra Constitución a un país que es radicalmente diferente a aquel del 78. Una reforma que renueve el marco de convivencia entre los españoles a través de un nuevo pacto con la sociedad que ha quedado laminado después de esta maldita crisis.

Una reforma para blindar los derechos públicos básicos, como la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.

Una reforma que nos concilie con nosotros mismos, que modifique conductas, instituciones, derechos, deberes y valores que nunca debimos perder. Voy a poner algunos ejemplos básicos que se convierten en necesidades imperiosas.

España está hoy plenamente integrada en la Unión Europea y este hecho no está reconocido en la Constitución, ni tampoco el marco de relaciones con Europa que supone una transferencia de soberanía evidente.

El mundo de internet ha hecho de nuestra sociedad una sociedad sustancialmente diferente a la del 78. La adaptación de instituciones, de las relaciones sociales, los comportamientos democráticos en forma de una nueva representatividad o el marco institucional actual requiere de una reforma radical porque así lo exige la ciudadanía.

Los partidos políticos como elementos sustanciales del sistema democrático deben adaptar su funcionamiento a los requerimientos sociales, en transparencia, en democracia interna, en apertura a la sociedad y en el control democrático por parte de  la ciudadanía. Y, finalmente, el Estado de las Autonomías, que gestiona los servicios que más aprecian los ciudadanos como la educación, la sanidad y los servicios sociales tiene que evolucionar hacia el federalismo. ¿Qué significa esto? Que el sistema competencial debe quedar claro y definido para evitar duplicidades injustificadas, que el sistema de financiación debe constitucionalizarse y garantizar la igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan , que el Senado no puede ser una Cámara de segunda lectura sino una institución que sirva para ahormar las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Que existan elementos de cooperación como los hay en los Estados Federales, en Estados Unidos o en Alemania y que, definitivamente, las entidades locales dispongan de autonomía financiera mediante un marco económico seguro y estable. Pero hay que cambiar también los órganos constitucionales básicos sobre todo en el nombramiento de sus miembros, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Judicial para descolonizarlos de los partidos políticos.

Esta es la parte sustancial de  nuestra propuesta y las concreciones las dejamos para el debate que debe realizarse ya entre los diversos actores. A Rajoy le parece inconcreto, pero lo concreto es su incapacidad para pactar con las Comunidades Autónomas un nuevo sistema de financiación. A  otros les parece sencillamente irrelevante porque lo suyo es un nuevo pacto constituyente del que, este sí, ni sabemos dónde empieza ni donde nos quiere llevar.

España necesita un cambio y la garantía de un cambio seguro pretende liderarla el PSOE, aunque haya quienes piensen que hay que pasar cuentas con el pasado y esas cuentas empiecen por sustituir al PSOE por radicalismos de izquierdas o veleidades populistas que tanto empiezan a arraigar, lamentablemente, en nuestra sociedad.

 Ya hace tiempo hubo un iluminado que intentó terminar con los socialistas a través del “sorpasso”, es decir, la unión de la izquierda marginal con la derecha política. Y aquí seguimos, aguantando la tempestad  por si quienes se consideran adeptos de aquél iluminado quisieran embestir, en vez de pensar que una alternativa a las recetas de la derecha sólo pasa por una alternativa de izquierdas en la que el PSOE, aunque les cueste digerirlo seguirá siendo  sencillamente indispensable, por el bien de nuestro país y de las generaciones venideras.